El intendente Ramón Mestre firmó anoche el decreto de rescisión del contrato de construcción de la fallida sede del Concejo Deliberante firmado en 2007 con la empresa Sadic SA y cedido en 2010 a la firma Oresti SRL. En cinco años la obra de la Bajada Alver apenas tuvo un avance del 18 por ciento y el año pasado la Universidad Nacional de Córdoba constató que presenta fallas estructurales.

Desde el 10 de diciembre, el municipio intimó al nuevo concesionario en varias oportunidades a continuar la obra, rechazó sus recursos de reconsideración respecto a la orden de proceder a la remediación de los defectos de la obra, y finalmente rescindió el contrato. Desde el Palacio 6 de Julio informaron anoche que la medida apunta a ordenar administrativamente el expediente, de modo de evitar reclamos ulteriores de Oresti.

El decreto firmado por Mestre enumera un listado de causales de rescisión en los que incurrieron tanto la actual contratista como Sadic, responsable inicial. Entre otros, el incumplimiento de la constitución de garantías y la no presentación de proyectos ejecutivos para remediar los defectos de la obra; el no acatamiento de las órdenes de los inspectores; la no corrección de las deficiencias técnicas y el incumplimiento en el avance de la obra.

El decreto también ordena la incautación de la garantía de ejecución de contrato constituida inicialmente por Sadic y autoriza el inicio de acciones judiciales contra Oresti SRL.

Días atrás trascendió una negociación con la empresa a la que ayer se le rescindió el contrato. Esa posibilidad parece alejarse, pero no fue descartada desde Desarrollo Urbano.

En cinco años avanzó 18%, con fallas estructurales

Febrero de 2007. Se adjudicó a Sadic la construcción de la sede del Concejo Deliberante, por un valor de $ 22,5 millones. La obra avanzó un 18 por ciento y se interrumpió en junio de 2008 por falta de pago. En julio de 2010 los derechos y acciones del contrato fueron cedidos a la firma Oresti SRL. Los trabajos no se retomaron.

Noviembre de 2011. Un informe de la UNC da cuenta de fallas estructurales de la construcción, y recomienda evaluar la conveniencia de reforzar la estructura o demolerla por completo.

26 de junio de 2012. El municipio decreta la rescisión del contrato, la incautación de la garantía y el inicio de acciones legales.