“Este proyecto tiene por objeto reconstruir la ciudad. Actualmente la situación económica y financiera del municipio es crítica. Se encuentra sumamente endeudado y no puede afrontar el funcionamiento mínimo”, con estas palabras comenzó su discurso la concejala oficialista Carla Abugauch. La radical confirmó que son tres mil los juicios que la Municipalidad debe afrontar por parte de acreedores y que ronda en los 700 millones la deuda flotante.

La concejala Olga Riutort (Fuerza de la Gente) fue taxativa al asegurar que no existe una crisis económica sino una crisis de gestión. “Consideramos que no hay crisis financiera, porque tenemos los números, los tuvimos durante la campaña y los tenemos ahora, no hay crisis económica, hay crisis de gestión”, sostuvo Riutort y agregó que su bloque hubiera acompañado una prórroga de emergencia financiera por dos años pero no todo este paquete que “supera a la ley de emergencia económica”.

“La ordenanza es inconstitucional, se da de cabeza con la Carta Orgánica y lo más grave es que pretende reemplazarla. Vulnera todas las atribuciones que tiene el Concejo Deliberante y se las ha dado al Poder Ejecutivo”, enfatizó la concejala.

El concejal del Frente Cívico Esteban Dómina tildó a la norma de ser improvisada, inconstitucional y discrecional. “Una muestra de la improvisación es que ayer en comisión bajaron de 12 años a ocho el pago de títulos para captar más votos. Creo que tienen un lío bárbaro en la Municipalidad. Emitir títulos sin saber cuántos, ni el formato, las tasas de interés, se están manejando a tientas, es peligroso”, sostuvo el edil.

“Tres cosas importantes: Primero, si hubieran fundamentado la emergencia nosotros hubiéramos acompañado. Segundo, en todo lo que hace al mecanismo de juicios, pago de deudas litigiosas, consolidación de deudas y pago con títulos, hay cuestiones anticonstitucionales. Y por lo tanto van a abrir cuestionamientos judiciales que van a terminar perjudicando a la Municipalidad. Y tercero, lo más grave, la delegación implícita y explícita de facultades para que el intendente y el Departamento Ejecutivo, con esta ordenanza, puedan hacer lo que quieran en materia de servicios públicos”, resumió Dómina.

El vicepresidente del bloque de Unión por Córdoba (UPC) Héctor Lobo sugirió cambios en algunos artículos, lo que fue rechazado por el cuerpo. Luego cuestionó las posiciones tomadas por el intendente Ramón Mestre cuando era concejal en 2008 y del viceintendente Marcelo Cossar en 2009 ya que consideraron la ley de emergencia económica solicitada por la gestión de Daniel Giacomino como inconstitucional.

El jefe de la bancada radical, Javier Bee Sellares, negó que la norma vulnere la Carta Orgánica Municipal, y recalcó que esa norma prevé las situaciones de emergencia pública. Además, explicó que para el caso de la renegociación integral de contratos de obras y servicios públicos, el Ejecutivo debe remitir al Concejo las actuaciones. Según el texto, los ediles deberán dar tratamiento al expediente en un plazo máximo de 60 días hábiles, o se considerará aprobada de manera ficta.

El voto de los concejales

Por la afirmativa votaron 20 concejales: 16 radicales (Carla Abugauch, Miriam Acosta, Mónica Aguilera, Javier Bee Sellares, Adrián Casati, Lucas Cavallo, Eduardo Conrad, Guillermo Farías, Gustavo Fonseca, Belkis Garda, Daniel Márquez, Jorge Nasara, Omar Ortega, Analía Romero, María Romero y Aldo Vargas) y cuatro de Unión por Córdoba (Héctor Lobo, Claudia Martínez, Carlos Mercado y Patricio Serrano).

Por la negativa votaron 10 ediles: Fuerza de la Gente (Olga Riutort, Miguel Siciliano, Oscar Vera Barros, María Josefina Almada, Marcelo Rodio, Jorge Stabio y Juan Manuel Rodríguez), el Frente Cívico (Esteban Dómina y Daniel Juez) y Héctor Campana (Unión por Córdoba).