El intendente Ramón Mestre dará esta semana el primer paso hacia el rediseño de la totalidad del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. El Ejecutivo afina contrarreloj los últimos detalles del marco regulatorio que enviará al Concejo Deliberante, posiblemente el próximo jueves, y que abrirá la puerta a la futura licitación del servicio público. Proceso que incluirá, según anunció el propio jefe comunal, la privatización de la estatal Tamse.

El propósito del radical es llegar al recinto con el mayor consenso posible por eso la intención del área de Transporte era girar por estos días un borrador –aunque bastante consolidado- hacia los distintos sectores involucrados (empresarios, gremio de la UTA, instituciones sociales, entre otros).

Entre los aspectos más sobresalientes y polémicos del nuevo proyecto de ordenanza al que tuvo acceso este medio, se encuentra el artículo 23 que considera al transporte como un servicio esencial. Allí se establece que las líneas troncales de cada corredor no podrán ser afectados por futuras medidas de fuerzas en una clara limitación a los paros generales suele decretar UTA ante cada conflicto. Con esto, aún cuando haya una medida de fuerza, las empresas deberán garantizar un esquema mínimo de prestación.

“Los servicios troncales de cada corredor, son declarados Servicios Esenciales, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del cincuenta por ciento (50%). Las concesionarias proponen anualmente a la Autoridad de Aplicación los diagramas de servicios esenciales para su aprobación”, reza textualmente dicho artículo. Se trata de una disposición que seguramente generará la rápida reacción de los choferes quienes, amparados en la Constitución Nacional, defienden el derecho a la huelga.

El nuevo marco de disposiciones generales busca regular el sistema de transporte que actualmente se rige por resoluciones generales establecidas en la década del 70 y por convenios celebrados a través de distintas ordenanzas. Durante su gestión, el ex intendente Daniel Giacomino amagó con un proyecto de ordenanza que nunca traspasó el ámbito legislativo.

Ahora, el intendente Mestre hace lo propio y traslada el debate al recinto aunque con una iniciativa que establece lineamientos muy genéricos, lo que seguramente inquietará a la oposición. A rigor de verdad las cuestiones medulares serán determinadas en el proceso de licitación, al menos así se menciona en varias partes de los 104 artículos que incluye el nuevo marco regulatorio. De hecho, en el102° se menciona: “El Departamento Ejecutivo, propone con la licitación para la concesión del nuevo servicio una nueva fórmula polinómica para determinar los costos del mismo”. Sin embargo, no precisa cómo se realizará ese cálculo, se trata de un reclamo que los empresarios vienen realizando desde hace tiempo.

El municipio propende a sistemas de movilidad sostenibles, basados en principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, “con tarifas socialmente justas y fija prioridades en el uso de la vía pública a favor de los servicios masivos”. Además, promueve los traslados motorizados, como el peatonal o en bicicletas.

Principales aspectos del proyecto:

Permisos. En casos de gravedad y urgencia en la prestación del servicio, el municipio podrá otorgar permisos precarios, con ratificación del Concejo Deliberante.

Accesibilidad. Las empresas deberán garantizar el 5% e sus unidades adaptadas a de usuarios en sillas de ruedas.

Antigüedad. Las unidades no deberán tener más de 10 años y la antigüedad promedio del parque automotor no podrá exceder los 5 años.

GPS. Todos los colectivos deberán poseer equipamiento para operar con Sistema de Posicionamiento Global.

Personal por colectivo. La dotación mínima de personal de las empresas será de 3,3 empleados por cada vehículo entre administrativos, inspectores, conductores y mecánicos.

Capacitación. Las empresas deberán presentar un programa de capacitación del personal que contemple, como mínimo, un total 60 horas anuales por cada chofer.

Comisión de Transporte. Será un órgano consultivo no vinculante integrado por un representantes de cada empresa, tres de UTA, uno de los usuarios designado por las Juntas de Participación Vecinal de los CPC, y uno por cada áreas del Ejecutivo.