La intención es que el servicio empiece a prestarse en octubre próximo, para tener buen margen de tiempo antes de 
que aparezcan los problemas estacionales típicos del 
verano.

El presupuesto oficial asciende a 73.644.175, lo que implicaría para el municipio una erogación promedio de dos millones de pesos por mes, si es que los oferentes se mueven cerca de esos valores de referencia.

La prestación deberá cubrir una superficie de casi 8,4 millones de metros cuadrados y el esquema diseñado tiene la particularidad de que la ciudad se dividirá en 10 zonas, cuya demarcación coincidirá, en líneas generales, con las áreas de incumbencia de los Centros de Participación Comunal (CPC). En los últimos años, el servicio estuvo siempre a cargo de sólo un par de empresas.

Para varios. El subsecretario de Ambiente, Sebastián Roca, precisó que una misma contratista podrá tener a su cargo el mantenimiento de un máximo de hasta dos zonas. En este caso, la pretensión oficial apunta a diversificar las cantidad de concesionarias (no menos de cinco), para no depender de una sola firma y para potenciar de algún modo la competencia en calidad de servicios y favorecer evaluaciones diferenciadas por zonas.

En el municipio presuponen que la proximidad entre los vecinos, el CPC y cada empresa, habilitará un esquema de control más directo sobre la calidad del servicio.

Esa idea se complementa con la imposición, a los interesados, de cotizar por lo menos en tres zonas distintas, para forzar una diversificación en la oferta.

Otra singularidad del pliego de licitación es que contempla la participación de empresas, UTE (uniones de empresas), y también cooperativas, con claras facilidades para que éstas últimas compitan.

Por ejemplo, el pliego se entregará gratuitamente para no fijar barreras a la participación, y las cooperativas que no puedan acreditar antecedentes podrán “intercambiar” esa carencia por capacitación. De hecho, el municipio prevé brindarles asesoramiento administrativo respecto de cómo presentar sus ofertas y también en relación a la prestación del servicio en sí.

“Lo planteamos así porque detrás de estas actividades hay trabajo y lo queremos fomentar. En estas tareas no se requiere tanta maquinaria, sino mano de obra”, precisó Diego Dequino, secretario de Economía.

Ese funcionario destacó, además, que este nuevo esquema posibilita salir del día a día en que se resolvían estas licitaciones cada verano, prever el impacto económico de la contratación en cuatro presupuestos, y también “empezar a pensar en términos de calidad de prestación y no sólo de precios”.

“El plazo de 36 meses nos da previsibilidad en esta gestión y con la opción de prórroga también dejamos planteada una salida para que quien gobierne en 2015 no tenga que salir a contratar directo y a las apuradas, como nos pasó a nosotros cuando asumimos”, comparó el secretario de Economía.