De ese modo, la dirigencia del radicalismo a nivel provincial busca justificar las decisiones de intendentes propios, como el de Capilla del Monte, Gustavo Sez, quien impulsó una ordenanza para contratar directamente a una empresa a cambio de recursos nacionales millonarios para obras.

Con este propósito ayer salió a opinar sobre la polémica el intendente de Córdoba, Ramón Mestre.

“En reiteradas oportunidades –dijo Mestre– me han intentado contactar y no he recibido a nadie porque estoy convencido de coordinar acciones en el marco de la institucionalidad, y no a través de personas que no sabemos si son o no funcionarios”. Y agregó: “No me he prestado a ese tipo de acciones que, por lo que he escuchado en los medios, son mucho más importantes que lo que yo pensaba”.

Mestre eludió juzgar la actitud de sus colegas que aceptaron ofrecimientos. Pero una alta fuente del Foro de intendentes radicales los justificó: “Los intendentes quieren hacer obras para sus pueblos y si alguien viene y le ofrece fondos, es difícil decir que no”.