LA MAÑANA adelantó ayer una sentencia de la Justicia provincial en la que reconocen que la cancelación del contrato con Tecsa, la empresa que tenía a cargo la implementación del Municipio Digital durante la gestión de Germán Kammerath, fue correcta y le negó la posibilidad a la UTE compuesta por SPSA Relevamientos Catastrales y Recovery SA, de cobrar por el lucro cesante tras la recesión del acuerdo tras catorce meses de haber sido implementado.

Desde Tecsa estiman que el fallo de la Justicia provincial es meramente declarativo, e insisten en la validez del primer laudo del Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que en 2006 (durante la gestión de Luis Juez) conminó a la Municipalidad a pagar 123 millones de pesos en concepto de intereses. Hay, además, reclamos de honorarios por la participación de abogados en distintas instancias estimados en 40 millones, un meollo legal de desproporcionadas cifras de dinero que podría hundir al municipio, tal como lo dejó en claro ayer el intendente Mestre.

Este primer laudo convalidó las pretensiones de la UTE, la vigencia del fideicomiso y los 15 certificados aceptados durante la gestión de Germán Kammerath. El segundo laudo fue apelado y aún no tiene sentencia.

Mestre expresó ayer que espera el resultado de este laudo, tras lo cual de ser contrario a la Municipalidad recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.

Desde 2003 hasta noviembre de 2009, gestiones de Luis Juez y Daniel Giacomino, la Municipalidad pagó a razón de 800 mil pesos mensuales a Tecsa en concepto de daños y perjuicios, goteo que se suspendió por una sentencia judicial con fecha 30 de noviembre de ese año.

Sin embargo, los pagos se reanudaron en diciembre de 2012, tras un acuerdo logrado por Giacomino con Tecsa. Por este pacto, Mestre pagó entre diciembre y abril del corriente la suma de 11 millones de pesos, a razón de 2,2 millones de pesos por mes.

En tanto, en mayo, junio y julio abonó nueve millones de pesos, a razón de 3 millones de pesos por mes.

El goteo continúa

El goteo continúa, sin que haya demasiadas explicaciones sobre los porque de que el contrato original de Kammerath se sometía al Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Buenos Aires ante cualquier eventualidad, y no a la Justicia ordinaria.

No obstante, el Tribunal Arbitral no podrá ignorar el fallo de la justicia cordobesa, por más declarativo que sea, porque se expide sobre el fondo de la cuestión que es que la recisión del contrato de Tecsa se realizó conforme al marco legal vigente de la Ley de Emergencia Económica.

“La decisión del intendente municipal (Kammerath), tomada en plena crisis económica financiera, de rescindir el contrato ante la necesidad que le exponían sus funcionarios de atender de manera prioritaria el pago de las obligaciones corrientes, los servicios y contratos declarados esenciales, para poder así satisfacer las necesidades de los vecinos de la ciudad, constituye de por sí una decisión de mérito, cuya revisión judicial se encuentra estrictamente limitada”, arguye la Cámara en folio 57 de la sentencia del mes de mayo pasado.

La situación sufrió un vuelco luego de conocerse la sentencia de la Cámara provincial, y aunque la parte demandante descalifique la misma al entender que es declamativa (porque la demanda no fue sometida a esta jurisdicción) plantea una cuestión de fondo atendible en defensa de la Municipalidad y los vecinos, y dota a Mestre de una herramienta legal para avanzar en la vía judicial para tratar de revertir esta difícil situación y reembolsar los fondos que el Palacio 6 de Julio ya pagó.