El conflicto en Uruguay por el impuesto al campo parece no tener fin. Luego del enfrentamiento entre el presidente José “Pepe” Mujica y su vice, Danilo Astori, en la última semana se alzaron distintas voces de protesta entre los productores rurales, que, aunque aún no conformaron una mesa de enlace para hacer oír sus reclamos, están en estado de alerta y ya lanzaron los primeros dardos contra el Ejecutivo.

Aunque las diferencias entre lo que pasó en la Argentina en 2008 y el impuesto a las grandes propiedades de tierra en Uruguay son muy grandes, el malestar entre los ruralistas alcanzó notoriedad pública. Alberto Gramont, uno de los terratenientes más críticos, aseveró que en el gobierno “tienen odio contra el campo” y quieren crear una lucha de clases. El empresario, que no tiene filiación política ni gremial, es propietario de 14 mil hectáreas en el departamento de Río Negro y uno de los agricultores más poderosos del país. Tal es así que, en diálogo con PERFIL, el hombre de 70 años reconoció que lo que él declaró “seguro es discutido por Mujica y Astori”. Gramont fue introductor del sistema de alimentación de ganado en corral (feedlot) y se hizo célebre por sus abultadas donaciones a la comunidad, entre ellas una policlínica de 200 mil dólares que fue inaugurada por Tabaré Vázquez.

“Con esto de la parte impositiva se pasaron de rosca. Nos van a cobrar una cantidad disparatada de impuestos. No estoy de acuerdo con la idea del presidente, que está presionado por el Partido Comunista y por algunos militantes del MPP”, aseguró desde su campo en Young el empresario, que reconoce que su opinión “pesa” en Uruguay. “Si prospera el proyecto de Mujica, la inversión acá no viene más”, sostiene Gramont, que descarta haberse transformado en el Alfredo De Angeli uruguayo.

Por su parte, las entidades del campo rechazan mayormente el proyecto de Mujica, aunque la Comisión Nacional de Fomento Rural –que agrupa a pequeños productores y es el equivalente uruguayo de la Federación Agraria argentina– apoya el nuevo gravámen. Según Fernando López, secretario general de la agrupación, la iniciativa apunta a evitar la concentración y extranjerización de la tierra.

En tanto, la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural manifestaron su oposición al impuesto. José Bonica, presidente de la primera entidad, aseguró a este diario que “está sorprendido por la propuesta, porque el presidente Mujica se alejó de sus promesas de garantizar normas estables y predecibles”. Y Bonica utilizó un slogan muy esgrimido por Hugo Biolcatti, Mario Llambías y Eduardo Buzzi durante la crisis del campo en la Argentina: “Estamos defendiendo intereses propios del campo, pero también intereses del país y de los más desprotegidos”.

Desde la Asociación Rural, que agrupa a los terratenientes y grandes propietarios de tierra, explican que trabajan codo a codo con las otras entidades. “Hemos tenido grandes consensos con la Federación Rural, con las cooperativas y con la Asociación Nacional de Productores de Leche. Estamos reuniéndonos todas las semanas, para analizar todo lo que trasciende desde el gobierno”, confió Bonica desde Montevideo.

Más allá de que sus colegas descartaron la posibilidad, Miguel Sanguinetti, vicepresidente de la Federación Rural, aseveró a PERFIL que ocuparían rutas si el gobierno insiste con el proyecto. “Rechazamos de plano este impuesto. Esperemos que el gobierno uruguayo recapacite y apoye al campo con impuestos razonables, pero no descartamos cortar rutas”, explicó Sanguinetti.

Aunque los ruralistas sostienen que el proyecto de Mujica no implica retenciones, sino un gravamen para las propiedades de más de 2 mil hectáreas, la dicotomía entre la distribución de la riqueza y la presión impositiva ya generó rispideces. Y se levantaron contra la medida. Ahora, Mujica tiene la próxima palabra.