Ante representantes de 14 de las 32 comisiones zonales de lucha contra el picudo y otros referentes de la cadena algodonera, el gobernador expuso como primer punto la problemática de sanidad vegetal. En este sentido, repasó junto a representantes del SENASA las fechas de siembra para la nueva campaña (entre el 1º de octubre y el 15 de diciembre, según las regiones); y los límites para la destrucción de rastrojos, además de las infracciones dado el vencimiento de los plazos previstos para cumplir con la práctica.

Uno de los puntos abordados fue la financiación del Programa de Lucha contra el Picudo a cargo del SENASA. El grueso de los recursos que utiliza proviene de los aranceles cobrados a la fibra de algodón (48 pesos por tonelada). En promedio, se recaudan unos 7 millones de pesos por año, pero superada la mitad de este año hay una demora en el pago de las hilanderías que oscila en el millón de pesos, según reveló el representante del organismo nacional.

Esos fondos son utilizados para la compra de insecticidas, trampas de feromonas y pago de honorarios del personal a cargo de los controles en los campos. En este sentido, el ministro de Producción Enrique Orban resaltó que la provincia contribuyó con la compra de equipamiento, trampas y combustibles aplicando los 20 millones de pesos que Nación había destinado al Chaco.

FONDO ALGODONERO

En el marco de la constitución de la Mesa Algodonera Nacional, el gobernador adelantó que la provincia planteará el desembolso efectivo de los 32 millones de pesos que le corresponden en concepto de Fondo Algodonero (establecido por la Ley 26.060). Son recursos que corresponden al financiamiento de la campaña algodonera que se iniciará el 1º de octubre en el este provincial.

En otro punto, Capitanich destacó el trabajo y los avances en cuanto a la reglamentación de la Comisión de Sanidad Vegetal del Chaco (COPROSAVE). A la vez, analizaron un plan de prevención y combate al picudo cuya base será la definición de un protocolo productivo, de manera que se respeten a rajatabla las fechas de destrucción de rastrojos. “Queremos que se cumplan estrictamente las fechas de siembra y destrucción de rastrojos, y los mecanismos de monitoreo de las trampas”, subrayó.

LA REGULACIÓN DEL MERCADO

Una de las metas del Gobierno es lograr un mercado algodonero regulado a través del establecimiento de precios testigo que ofrezcan a los productores un escenario previsible al momento de la cosecha.

Por eso, Capitanich adelantó la iniciativa para lograr la autorización de la Nación para constituir una cámara arbitral e instalar un laboratorio para la certificación de calidad, al mismo tiempo que definir también los mecanismos de cotización en el mercado líquido disponible y en el de futuros.

“Vamos a defender nuestros intereses como principal provincia algodonera del país. Necesitamos la organización institucional para la constitución de un mercado algodonero que funcione con transparencia”, resaltó el gobernador. Al respecto, consideró que “para defender los intereses del productor es necesario cotizar el físico sobre territorio chaqueño”.