LA PLATA.- El censo que realiza el ministerio de Desarrollo Social bonaerense a los vecinos que tomaron las 60 hectáreas en Merlo podría terminar esta semana, según el gobierno de Daniel Scioli. Así, tendrá menos de un mes para poner en marcha el proyecto de urbanización que les prometió a los ocupantes, enmarcado en la ley de acceso justo al hábitat. La idea es que las 3000 personas se vayan pacíficamente después de ser censadas, pero son muy pocos los que realmente están dispuestos a irse.

"Quieren que nos vayamos pacíficamente, que nos quedemos conformes con esto, pero nosotros no nos vamos a ir porque van a cerrar y después nunca más. No nos vamos a ir hasta que haya una solución", dijo a LA NACION Johana Alive, una de las vecinas que ocupa hace 22 días un terreno sobre la ruta 103.

Scioli se refirió ayer en la campaña a la usurpación. "Un buen ejemplo de manejo de conflicto es lo que estamos haciendo en la toma de tierras en Merlo: en paz, sin represión, encauzando las cosas", dijo.

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Pero las familias sin techo dicen que se quedarán allí. Así que el 10 de diciembre, el conflicto de la toma de tierras pasará a manos de María Eugenia Vidal. "En estos momentos hay un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno municipal a cargo. Ellos tienen que actuar. Yo no les voy a decir cómo. No sería prudente que yo dijera cómo", opinó la gobernadora electa.

El subsecretario de Urbanismo Social de la provincia, Ricardo Spalleti, dijo que la propuesta a los vecinos consiste en que "se retiren del lugar por propia voluntad a fin de evitar una situación de desalojo, una vez que sean censados. Queremos aplicar la ley de hábitat, que nos da la posibilidad de la participación de los privados con el Estado".

La ley que el gobierno de Scioli pretende aplicar fue aprobada en 2012 y busca facilitar la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social, previendo, por ejemplo, que los desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios -de más de 5000 metros cuadrados- cedan tierras para la construcción de viviendas sociales.

En 2010 había más de 850.000 hogares con problemas habitacionales en el territorio bonaerense, según el Instituto de la Vivienda provincial. Dos años después, el Congreso aprobaba la ley de acceso justo al hábitat, pero recién en 2013 comenzaba a reglamentarse.

Cuando fue aprobada, Francisco de Narváez formaba parte de Unión-Pro y fue uno de los que votó en contra, alegando que la nueva ley iba "en contra de la propiedad privada". En sus últimas declaraciones, Vidal dijo que "la vivienda se consigue con esfuerzo, con trabajo y con un Estado presente, pero de ninguna manera usurpando".

La decisión de censar fue tomada en una reunión en la que estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio; el subsecretario de Urbanismo Social, Spalletti, y el equipo del intendente Raúl Othacehé, con algunos referentes de las familias que ocuparon el predio.

Ayer, seis personas anotaban los datos de la gente que se iba acercando. Escribían en una planilla el nombre y apellido de cada integrante de la familia y abrochaban la fotocopia del DNI que los vecinos traían.

Dos delegados de su manzana, Darío y Dalma, están dispuestos a dejar pacíficamente los terrenos. "Para que no haya un desalojo violento, pero nos vamos a quedar en la vereda de enfrente a la espera de que avance el acuerdo", contaron a Télam.

Brisa y Elba Paz ya fueron censadas. Pero ayer, cuando empezó la lluvia, Brisa salió corriendo a buscar abrigo y agua para llevarle a su hermana que estaba con sus seis hijos, cuidando el terreno. "No nos vamos a ir porque si nos vamos perdemos el terreno y capaz no nos dan nada", dijo la vecina a LA NACION.