El senador provincial presentó un Pedido de Informes para que a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, se informe en relación a la adjudicación directa de la concesión de la Autopista Santa Fe - Rosario, "los motivos por los cuales no se realizó la correspondiente licitación Pública".

Así también solicitó informes sobre "la persona jurídica a la que se adjudicó en forma directa la concesión del corredor vial, remitiendo copia del contrato social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio".

Asimismo pide conocer "los criterios utilizados para la selección del adjudicatario y las condiciones ofrecidas por los demás oferentes si los hubo. Como es de conocimiento público el Poder Ejecutivo acaba de adjudicar la concesión para la explotación y mantenimiento de la Autopista Santa Fe - Rosario, a través de una gestión directa, obviando el correspondiente proceso de licitación pública".

Fundamentos

En los fundamentos del proyecto, se aclara que "también es conocido que la fecha de vencimiento del contrato con la anterior adjudicataria se había establecido hace más de quince años, o sea que el actual Gobierno lo conocía desde el momento en que asumió hace dos años y medio, por lo cual no existe ninguna circunstancia que justifique la falta de tiempo para haber realizado la correspondiente licitación pública".

"Según los dichos del señor ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, la concesión fue realizada a una Unión Transitoria de Empresas. No obstante en el primer día, luego del retiro de la anterior concesionaria, ya cobraba el peaje una Sociedad Anónima", señala, mostrando fotocopia de un ticket emitido.

En ese sentido recordó que, en razón de que el artículo 377 de la Ley Nacional N° 19.550, establece que las uniones transitorias de empresas no constituyen sociedades, se considera procedente conocer el verdadero adjudicatario".

"Aún siendo una adjudicación por el término de ciento ochenta días -según las versiones periodísticas sobre el tema- debe haberse suscripto el correspondiente contrato estableciendo las condiciones que regularán la relación contractual iniciada, instrumento que se considera importante conocer", dijo.

Además, teniendo en cuenta que la nueva concesionaria mantiene la tarifa vigente a la finalización de la anterior concesión y, que la misma fue determinada en función de una ecuación económica que incluía todas las inversiones, obras, tareas de mantenimiento y servicios a prestar, no se logra entender cuáles pueden ser las inversiones, obras o servicios comprometidos para que se justifique la tarifa que ya se está cobrando.

"Quien está explotando la autopista no es Supercemento ni Edeca. ¿Quién es Consorcio Vial S.A.?, se preguntó el legislador. ¿Tiene domicilio legal? Tiene Ingresos Brutos en trámite, lo cual significa que ni siquiera es contribuyente en la provincia. Aquí hay leyes que respetar, y este gran contribuyente, no está inscripto. Además, figura como fecha de inicio de actividades el 29 de junio de 2010, el mismo día que se hizo cargo", agregó.

Según el ex ministro de Hacienda, "el problema no está en defender o atacar a Aufe, sino que se trata de un contrato por ley. ¿Acaso hubo razones de causa mayor para realizar esta contratación directa? No hay argumentos ni explicaciones que valgan".

"Hubiera preferido que el gobernador viniera y nos dijera que había habido una impericia o una morosidad, pero no que nos dijera que todo estaba previsto y analizado, porque no fue así".

"La transparencia y legalidad de la gestión está avalada por el dictamen del Fiscal de Estado al respecto, por ello es importante conocer las actuaciones realizadas para la concreción de la gestión, a los efectos de tener acceso a los informes técnicos y al mencionado dictamen del Asesor Legal del Poder Ejecutivo"..

"Sólo si tenemos información en mano vamos a poder actuar. Hay 140 observaciones legales insistidas por el Poder Ejecutivo que están en violación a las normas y que la Comisión de Contralor Bicameral no sesiona y no funciona y, por lo tanto, no puede profundizar los temas, porque le faltan recursos. Cuando lo quisimos incorporar en el Presupuesto de este año, Binner lo vetó, y esa comisión sigue sin funcionar. Entonces, cuando se hace un Pedido de Informes, cuando el Tribunal audita, cuando hay una sospecha de que algo no es correcto, hoy no existe un mecanismo legislativo que profundice esa investigación, para bien o para mal. Si no así, ¿qué pasa con el Síndico de la provincia, que está borrado? Ante cuestiones como estas, en última instancia, habrá que ir con todos los casos dudosos a la Justicia, no porque queramos investigarlo, sino por que él (Binner) no desea el control que marca la Constitución", sostuvo.

Reunión por la inseguridad

Por otra parte, Mercier se refirió al encuentro que mantuvo durante la jornada de este jueves con el ministro de Seguridad de la provincia Álvaro Gaviola y parte de la cúpula policial.

Sobre esta reunión señaló que se repasaron y analizaron varios temas, entre ellos, la necesidad de mayor presencia de la fuerza policial en la calle, los reclamos de la gente de la Costa y de los distintos barrios, la necesidad de refuerzo de los recursos humanos, el problema de los salarios y el de los códigos de descuento. "Sobre algunas cuestiones me he informado y otras han quedado como proyecto.

También le recordamos al ministro que el Senado visualiza la seguridad como el principal tema de tarea conjunta y no como una especulación electoral y política. Como dijimos, estamos dispuestos a darle una mano a las fuerzas de seguridad y a todos los sea necesario para disminuir el delito en la Capital y el resto de la provincia".