Esto es, alimentos que eran comprados por el área social del Gobierno para solventar las necesidades básicas alimenticias de la población catamarqueña con insuficientes recursos económicos estaban destinados al engorde de chanchos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Marta Torres, se dijo que la mercadería que iba a parar a los chiqueros formaba parte del decomiso de alimentos (por vencimientos o gorgojos), y que todo formaba parte de un convenio que se había establecido entre los pequeños productores capayenses y el organismo asistencial para entregarles mercadería que no estuviese apta para el consumo humano. Pero pruebas que se hicieron luego en el laboratorio de la UNCA sobre muestras de los alimentos determinaron que la mercadería era apta para el consumo humano.

Torres, además de las explicaciones que debió brindar al Ejecutivo Provincial -que en una primera instancia la sostuvo en el cargo- también fue interpelada en la Cámara baja, donde la oposición arrinconó a la entonces funcionaria con diversos planteos. Y en medio de diversos cuestionamientos Torres dejó el cargo del que transitoriamente se ocupó Arturo Aguirre (que a la vez seguía como ministro de Salud) hasta que asumió José Vega.

El tribunal de Cuentas dictaminó en un sumario administrativo de responsabilidad y asignó responsabilidades a Torres de Mansilla y a los ex funcionarios Marino del Valle Varela y Maximiliano Brumec, entre otros.

Investigación

La oposición constituyó una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, la cual llegó a emitir un dictamen.

Los diputados precisaron en el informe final que la mercadería que se daba de comer a los cerdos no estaba vencida. Y remarcaron que no se respetaron los procedimientos estipulados para el decomiso y destrucción de alimentos no aptos, que poseen los depósitos de Desarrollo Social.

A su vez, el fiscal de Estado, Simón Hernández, inició sumarios administrativos contra funcionarios y empleados de Desarrollo Social.