Difícilmente en otros discursos la Presidenta haya pronunciado tantas falacias como lo hizo en la víspera, intentando justificar lo injustificable. Por ejemplo, al afirmar -como lo hizo la primera mandataria- que entregarle a Ghana el buque insignia de la Fragata Libertad, cuya tripulación está siendo evacuada por estas horas, es una forma de “no perder la dignidad” (ver página 4); eso es faltar groseramente a la verdad. Por el contrario, con este accionar lo que hace el kirchnerismo es dañar seriamente el orgullo de nuestra patria.

Se está permitiendo que el honor de nuestro país sea humillado al extremo en un remoto país africano. Y lo peor de todo es que quien lo permite es nada menos que la propia Presidenta de la Nación, quien, de acuerdo a lo establecido por la Constitución nacional, también es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Es muy probable que los K terminen regalándole la Fragata a los fondos buitres. Y será un capítulo más de la historia de destrucción total de las Fuerzas Armadas que empezó hace casi una década, dejando como resultado un Ejército con soldados vapuleados y armamento vetusto, una Armada que perderá su embarcación insignia y una Fuerza Aérea que ni siquiera tiene combustible para poder abastecer los pocos aviones que le quedan. No por casualidad, en el proyecto de presupuesto 2013 se redujo un 50% la cantidad de horas de vuelo, desmoronando drásticamente la operatividad de la Fuerza Aérea, lo que llevará a que los pilotos de guerra que aún quedan cambien de empleo y se vuelquen masivamente a la aeronavegación comercial.

Tenemos un país en indefensión, con un Estado que ya no sólo es incapaz de garantizar mínimas condiciones de seguridad a sus ciudadanos dentro de sus propias fronteras. También es absolutamente vulnerable al accionar de los intereses internacionales que, tarde o temprano, como ocurrió en Medio Oriente, vendrán en busca de nuestros abundantes recursos naturales que aún están sin explotar.

Al mismo tiempo que se destruyen las instituciones que forman parte del ser nacional, y cuyos orígenes se remontan a la etapa previa de la declaración de la Independencia en 1816, desde la conducción del Estado se están dilapidando recursos en iniciativas como el Fútbol para Todos. En lo que va del año, este programa ha insumido más de $ 1.400 millones, cuyo objetivo es bajar línea de la forma más infame, utilizando para ello el deporte más popular de la Argentina en un mecanismo de propaganda típico de estados totalitarios.

El problema es que ahora llegó el momento de pagar la fiesta kirchnerista. Y las cajas del Estado están prácticamente agotadas. Por eso, ayer la primera mandataria anunció que irá en busca de los fondos de las aseguradoras que están constituidos por los aportes que realizan los ciudadanos y empresas para proteger sus bienes. Es decir, nuevamente se le está metiendo la mano en el bolsillo a la gente, para seguir favoreciendo los negocios de los amigos del poder, como lo es la fraudulenta deuda externa, cuyos vencimientos se cancelan en tiempo y forma, sin el más mínimo control o auditoría. Y quien marcó el camino fue el expresidente muerto, cuando desembolsó más de 10 mil millones de dólares del erario público para pagarle en efectivo, al contado y por anticipado, toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. Es decir, trató como un acreedor privilegiado al organismo que con sus “recomendaciones” llevó al país a sufrir la crisis más importante de la que se tenga memoria, como fue el estallido social y económico de 2001.

La primera mandataria también dijo, sin ponerse colorada, que en la ultima década la Argentina atravesó el proceso de “crecimiento económico” más importante en 200 años. La realidad es que esa afirmación carece de rigurosidad técnica, como todas las estadísticas que suele dibuja el Gobierno nacional a través del INDEC. Pero, en caso de que esa declaración fuera enteramente cierta, ¿no sería un reconocimiento del total fracaso del modelo kirchnerista que en un proceso de supuesto crecimiento económico haya uno de cada cuatro compatriotas viviendo en la pobreza o la indigencia?

La Argentina es hoy un país de servicios, con una estructura absolutamente primaria en su economía, que depende de la exportación de productos de nulo o escaso valor agregado. Y que cuenta con una industria que es una mera ensambladora de partes que vienen del exterior.

La única forma de que la Argentina pueda salir de este subdesarrollo es que haya inversiones estratégicas en áreas clave de la economía. Sólo así podrá resurgir una industria nacional potente, como existió hasta el año 1976, que tendrá como correlato la generación de empleo genuino y un mercado interno sólido.

Difícilmente haya inversores locales e internacionales dispuestos a arriesgarse mientras el país esté en manos de un gobierno que nunca respeta las reglas de juego ni ofrece la más mínima seguridad jurídica. ¿Quién estará dispuesto a arriesgar su capital cuando el pequeño y mediano empresario que produce y genera empleo es castigado por una presión fiscal agobiante, mientras al mismo tiempo las firmas monopólicas u oligopólicas, que no compiten y tienen clientes cautivos, son permanentemente favorecidas por el poder, aportando poco y nada al bienestar de los argentinos?

Los números de las aseguradoras

La excusa que puso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al anunciar que el Estado meterá mano en los fondos de las compañías de seguros, es que supuestamente se deberá destinar parte de su cartera de inversiones en fondos para el sector productivo y para infraestructura a largo plazo. La realidad muestra que siempre que el kirchnerismo avanzó con el control de cajas lo hizo para destinar fondos para el financiamiento de proyectos politicos y clientelares que nada tienen que ver con las necesidades del país.

Según el nuevo esquema:

èPara las ART se fija un piso de 5 por ciento al 10 por ciento de su cartera para inversiones productivas.

èPara los seguros generales, de 10 a 20 por ciento.

èPara los seguros de vida, de 20 a 30 por ciento.

Según la jefa de Estado, “se destinarán 7.000 millones de pesos para inversiones productivas y de infraestructura hasta el 31 de mayo”.

Asimismo, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto para la modificación de la ley 17.811 de 1968, que regula la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la oferta pública de valores.