El viernes pasado el gobernador, Ricardo Colombi, envió un proyecto de ley a la Legislatura correntina que busca la regularización de los deudores con el Estado provincial (ver página 6). Se trata de la tercera medida de fuerte impacto económico que el Mandatario pretende tomar para oxigenar las arcas. Todas sus decisiones, en menos de un mes. Sin embargo, dos de ellas necesitan para su implementación del aval parlamentario.

Tal como lo describiera en ediciones anteriores, la situación de las provincias argentinas de un tiempo a esta parte no es de las mejores. A pesar de los programas de refinanciación de las deudas, el total de distritos provinciales cerró el 2011 con un déficit superior a los 16 mil millones de pesos. Para el 2012 se espera que se duplique el saldo en rojo.

En una entrevista publicada por época el 24 de diciembre del año pasado, el Gobernador analizaba la situación privilegiada de la administración correntina y aseguró que se trataría de la única provincia que pagaría sueldo y aguinaldo antes de fin de año.

En tal nota periodística, Colombi también apuntó que más del 90 por ciento de los ingresos tienen una asignación específica y que tal porcentaje se destina con exclusividad a las prestaciones esenciales y básicas del Estado (Salud, Educación, Seguridad y, por supuesto, salarios).

Es decir, la Provincia prácticamente no contaría con fondos para la concreción de obras públicas en un distrito donde las falencias en infraestructura son fácilmente palpables.

El 28 de diciembre pasado, la Nación firmó una nueva reprogramación de las deudas que las provincias mantienen con el Estado Central. A partir de esta decisión de la administración de Cristina Kirchner, 17 distritos - entre ellos Corrientes - vieron refinanciadas sus obligaciones y, además, cuentan con un plazo de gracia de otros dos años. Es decir, recién se comenzará a saldar en el 2014.

Entonces se conjugaron dos factores. Por un lado, el desahogo financiero. Es decir, la coparticipación nacional - principal fuente de recursos del Estado provincial - llega sin descuentos. Por otra parte, la falta de dinero para obras públicas.

Cuando Colombi giró el proyecto de Presupuesto correspondiente a 2012, incluyó una solicitud de crédito por 650 millones de pesos. Tal fondo iba a ser destinado a obras de infraestructura. La Legislatura - más precisamente la Cámara de Diputados - lo frenó.

Cuatro meses después, el Gobernador insistió. El 25 de abril ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que prevé la toma de un crédito por 750 millones de pesos, fondos que serían destinados con exclusividad a obras públicas.

La iniciativa gubernamental establece los montos y las asignaciones específicas del crédito al que se pide acceder: $150 millones serían destinados a financiar obras e inversiones para la DPEC para optimizar el servicio eléctrico y reducir pérdidas; $200 millones para invertir en arreglos y ampliación de rutas a través de la Dirección Provincial de Vialidad; $200 millones para la construcción y extensión de la red de agua potable y cloacas en las localidades no concesionadas; $200 millones para la construcción del gasoducto de Colonia Libertad, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres.

Este último viernes, los presidentes de cuatro comisiones del Senado (Edid González, Asuntos Constitucionales; Vicente Picó, Legislación y Asuntos Constitucionales; Rubén Bassi, Hacienda y Obras Públicas; Noel Breard, Impuesto y Presupuesto) firmaron la convocatoria a funcionarios provinciales, para el miércoles 9 a las 10, para que detallen los alcances del proyecto. Es decir, pretenden conocer las razones por las cuales el Gobierno provincial contraería la deuda, de qué manera se saldaría y a qué se destinarían los fondos.

Los convocados son el Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres; el titular de Obras Públicas, Aníbal Godoy; el Secretario de Energía, Marcelo Gatti; y el interventor de la Dirección Provincial de Energía Eléctrica, Vicente Parisi.

Abril, mes de propuestas; mayo, mes de definiciones

Unos días antes del envío de la nueva solicitud para la toma de créditos, el Gobernador tomó otra decisión estratégica para el andamiaje económico y que ya generó controversias. El jueves 19 de abril, Colombi firmó el Decreto 768 en el que se establece un ajuste del 20% para gastos operativos del Ejecutivo provincial. El ajuste alcanza a las erogaciones de la Administración Central y Organismos Descentralizados.

El Mandatario propuso a los poderes Legislativo y Judicial que adopten medidas similares. Casi una semana después, la medida fue publicada en el Boletín Oficial.

Ya ingresado en el mes de mayo, tras el receso por la jornada en el que se recuerda a los trabajadores y el feriado puente, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, aseguró que el Poder Judicial no avalaría recorte alguno previsto para los fondos que fueran presupuestados para su ámbito.

Rubín recordó que la Legislatura aprobó fondos para el Poder Judicial 150 millones por debajo de lo que habían solicitado. Y que ese es todo el recorte que pueden hacer para el 2012.

Un días después, el jueves 3 de mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, el liberal Pedro Cassani (socio político del Gobernador en las anteriores elecciones pero con pretensiones de acceder al sillón de Ferré en la próxima contienda en las urnas), dijo que recién “están evaluando” la propuesta de Colombi. Si bien señaló que lo conversará con el titular del Senado (el otro cuerpo parlamentario que integra la Legislatura provincial), no se mostró muy interesado en recortar sus fondos. Es más, está previsto para este martes, 8 de mayo, la inauguración de una sala de conferencias, el relanzamiento de la página web y un mayor trabajo de su dirección de comunicación. Todo ello demanda fondos que no pueden ser recortados.

Salarios

La decisión de recortar el presupuesto provincial afecta cualquier posible mejora salarial de los trabajadores estatales en lo inmediato. Eso lo saben los referentes sindicales. Y por ello ya articularon las medidas de rechazo.

El viernes, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron y acordaron acciones conjuntas “en reclamo de la apertura de las negociaciones colectivas (paritarias) y mejoras salariales”.

Ayer, en un congreso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se resolvió “fortalecer la lucha por paritarias (las negociaciones colectivas fueron aprobadas por el parlamento correntino pero aún resta el Decreto Reglamentario de la Legislación) y por aumento salarial”. El encuentro también sirvió para “fustigar el endeudamiento provincial que propicia Ricardo Colombi”.

Por su parte, los representantes de los maestros no se quedan atrás. Según lo señalado por los principales dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTECO) y de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) en el transcurso de mayo deben volver a sentarse con los funcionarios de Colombi. En tal encuentro tendrían que analizar mejoras salariales. Aseguraron que ese fue el acuerdo de partes en febrero pasado cuando se consensuó el último incremento de haberes.