Como parte de la misma estrategia para acorralar a los medios de comunicación, que reflejan una realidad amarga para el poder, el Gobierno lanzó primero, en agosto de 2009, una ofensiva contra Papel Prensa y, dos meses después, logró que el Congreso nacional sancionara la ley de medios. Pocas veces en la Argentina democrática el Gobierno protagonizó un embate tan fuerte contra los medios, que las usinas filokirchneristas pretenden disimular con ribetes de gesta épica.

Uno de esos embates alumbró una ley de medios que dio lugar a numerosos planteos judiciales. Distintos tribunales dictaron medidas cautelares para suspender total o parcialmente la ley; un primer fallo de la Corte rechazó una primera impugnación general, pero todas esas demandas están pendientes, incluso en el alto tribunal. Técnicamente, la ley de medios sigue suspendida, a pesar de lo cual el Gobierno la reglamentó y la aplica.

El Gobierno, cuando sancionó aquella ley, dijo luchar contra el supuesto monopolio de Clarín y los diputados de centroizquierda dijeron creerle: por eso apoyaron la sanción.

Sin embargo, ayer, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletin Oficial el decreto reglamentario de la ley, tan intervencionista como la ley pero que, además, deja en claro que el Gobierno no sólo apunta contra los grandes grupos de medios (Clarín, Uno), sino contra todos los canales y radios independientes, a los que coloca en situación de debilidad y de ser intervenidos a la menor irregularidad.

En marzo último, un juez terció en el otro conflicto: intervino Papel Prensa a pedido del Gobierno. Pero, ayer, la Cámara Comercial, en un fallo unánime, dejó sin efecto esa intervención: el tribunal constató que no fue cierto ninguno de los fundamentos que alegó el Gobierno. El fallo, además, llegó apenas siete días después de que la Presidenta anunció que denunciaría a la empresa y a sus directores por irregularidades comerciales que, ahora, está probado que no existieron, y por violaciones a los derechos humanos con acusaciones que se derrumban frente al peso irrefutable de pruebas escritas y de muchos expedientes judiciales.

El país se debate entre el poder ilimitado y entre los límites que pueda imponer la Justicia, la política y la sociedad misma.