La Secretaría de Gobernación (Interior) emitió un comunicado donde “expresa su más enérgica condena al ataque perpetrado en contra de un grupo de jóvenes en Nayarit”, y “extiende sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas”.

El titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora, se comunicó con el gobernador de Nayarit, Ney González Sánchez, para reiterar la voluntad de cooperación del Gobierno federal en materia de seguridad, agrega la nota. Los primeros datos indican que “la mayoría” de las víctimas son jóvenes que fueron agredidos por un grupo de sujetos armados cuya identidad se desconoce, en el negocio, ubicado en la avenida Rey Nayar de la colonia Lázaro Cárdenas. El atentado ocurrió en Tepic, capital de Nayarit, a más de 700 kilómetros al oeste de la Ciudad de México.

La nueva matanza se suma a otras dos masacres ocurridas el fin de semana en Ciudad Juárez y Tijuana, en donde fueron asesinados 14 y 13 jóvenes respectivamente.

En el primero de esos casos la noche del viernes, un grupo de hombres armados irrumpió en una fiesta disparando indiscriminadamente contra la concurrencia, lo que dejó 14 víctimas mortales y otras tantas más heridas en el barrio Horizontes del Sur.

Por otra parte, dos días después en la ciudad de Tijuana, noroeste del país, trece personas más fueron asesinadas en un centro de rehabilitación de adictos a las drogas de esa ciudad.

Al inicio de un encuentro para analizar su estrategia de seguridad pública, el presidente Felipe Calderón dijo que enviaba sus condolencias por los hechos en Ciudad Juárez, Tijuana “así como quienes fallecieron hoy mismo en un hecho semejante en Nayarit’’, del cual no ofreció detalles.

En el encuentro con funcionarios y representantes de grupos civiles, Calderón aseguró que sí es posible someter a la delincuencia.

La violencia del crimen organizado ha dejado más de 28.000 asesinados en todo el país desde diciembre de 2006, cuando el mandatario lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.

Calderón ha convertido el combate a las organizaciones criminales en una de las prioridades políticas de su mandato (2006-2012) y desplegado al Ejército para hacer frente a la criminalidad en las zonas más conflictivas del país, el norte, pero hasta el momento no ha conseguido que disminuya la violencia.