La Cámara Federal de Bahía Blanca concretó lo que se esperaba y no dejó espacio para las dudas: procesó al ex jefe policial que actuó en La Pampa durante la época de la dictadura, Luis Baraldini, tal como lo había definido el juez en primera instancia.

La decisión es un paso más hacia la reducción de la impunidad de los delitos de lesa humanidad, que aunque se cometieron hace más de 30 años siguen pendientes de esclarecimiento.

En el caso de nuestra provincia el juicio que llegó a su fin en 2010 permitió echar luz sobre ese oscuro pasado, condenar a algunos de los responsables y contribuir a desinstalar la idea de que La Pampa fue “una isla” respecto de ese proceso.

Pero -tal como se escribió entonces- esas audiencias, con su impacto sobre la opinión pública, fueron un aporte más a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Completar esa tarea demandará y demanda nuevos esfuerzos por parte de las autoridades responsables y valentías por parte de las víctimas que sufrieron en carne propia esa crueldad, y que son testigos fundamentales.

El papel de Baraldini en esa historia fue mayúsculo, y de ahí la importancia de este avance judicial que significa un paso más para ponerlo en el banquillo de los acusados cuando se concrete un próximo juicio, en el que habrá más y nuevos acusados.

También durante la semana representó un alivio para los pampeanos que lo conocieron el hecho de que el represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Héctor Vergez (oriundo de Victorica) quedara sentado en el banquillo de los acusados, desde donde optó por hacer silencio.

Entre las cosas que auedan por desentrañar en La Pampa, se incluye lo que en otros sitios del país empieza a revisarse incluso desde el punto de vista institucional: la colaboración de sectores de la economía, o de la sociedad civil, con esa maquinaria criminal.

El golpe de Estado del ‘76 lo dieron las Fuerzas Armadas, pero fue cívico-militar, puesto que contó con el impulso y la complicidad de quienes decidieron tomar el poder por la fuerza para, fundamentalmente, instalar un sistema económico que perjudicó los intereses nacionales, que generó inéditas desigualdades y que de alguna manera fue completado durante la época neoliberal.

Esa trama implica la participación, por acción o por omisión, de numerosos actores sociales, desde grandes empresarios hasta dirigentes políticos, que en afán de respaldar ese mismo proyecto o de salvarse de modo personal o sectorial intervinieron en distintos grados en el plan criminal.

En el caso de La Pampa, hace tiempo está instalado en sectores de la opinión pública el debate respecto del papel de delatores civiles (“buchones”): quizá es hora de que esa discusión tenga su lugar también en el ámbito formal de la Justicia, para que se dé un paso que permita un salto de calidad respecto de los testimonios públicos que existen en ese sentido, y que parten de alguna visión personal de las víctimas o de la tarea de algunos medios de comunicación que revisan la historia.

Tal como se informó en estas páginas durante la semana que se fue, el reciente juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca no sólo aplicó condenas de cadena perpetua a algunos de los protagonistas, sino que puso en foco la conducta del diario “La Nueva Provincia” y de representantes de la Iglesia Católica, que serán investigados en consecuencia.

El procesamiento de Baraldini es un aliciente, contribuye a mantener viva la memoria y ayuda a acercarse a la verdad sobre el papel de ese jefe de Policía al que en su momento el diario “La Arena” despidió con honores de nuestra provincia, felicitándolo por su “eficiencia”, por su “apoyo” a las entidades intermedias y por su “prudencia”, “respeto” y “tolerancia”... “totalmente ajena al cuadro de violencia que, durante años, ensangrentara al país”.

...y una de arena

Aunque desde hace tiempo el partido del gobierno atraviesa una crisis que -justamente porque se trata de la estructura que maneja el poder hace casi 30 años- mantiene en vilo no sólo a sus afiliados y simpatizantes sino a la población toda, pocas veces como en la actualidad una puja interna despertó tantas expectativas negativas respecto de la estabilidad en la conducción de la Provincia.

Es que la batalla que han decidido darse -ya sin tregua ni disimulos- los referentes del Ejecutivo provincial y los propios legisladores que llegaron a esos cargos en supuesto acompañamiento y respaldo del gobernador, ha adquirido una intensidad cuyo desenlace asoma como un misterio.

Los protagonistas de esa pelea no dudan en lanzarse sospechas que van más allá de las disidencias que se puedan tener respecto de tal o cual proyecto: la novedosa presencia del término “tufillo”, tanto de un lado como del otro, desnuda la existencia de una confrontación de otros intereses.

Un interrogante es cuánto perjudicará a la población esa tenacidad para meter presión o para poner palos en la rueda -según el bando del que se trate- y si la irresponsabilidad será gratuita desde el punto de vista de los costos políticos.

Para solucionar sus internas, el PJ pampeano viene incurriendo en desmadres institucionales, que amenazan con repetirse y multiplicarse: desde reelecciones de dudosa legitimidad, hasta renuncias por desaveniencias sectoriales, pasando por forzadas interpretaciones de la ley o por la necesidad de una intervención en la capital provincial para garantizar cierta paz social, son el fruto de un diseño político que privilegia el interés personal, o sectorial, o partidario, antes que el bien común y la “felicidad del pueblo” que el peronismo se puso como objetivo.

En ese escenario -con ideas ausentes, repleto de mediocridades, con conductas conservadoras y dirigentes pasados de moda- la oposición no puede hacerse la desentendida, porque por alguna razón los electores no han privilegiado sus “propuestas” aún con semejante engendro enfrente.