Por la oficina ubicada en Teniente Ibáñez 524 pasaron el año pasado 120 hombres. Fueron obligados por la Justicia a participar de los programas del Servicio de Prevención de la Violencia Familiar de la provincia, que funciona desde 1987 y que desde 1995, además de asistir a las víctimas -mujeres y niños-, amplió su rango de acción a quienes ejercen esa violencia.

Con altibajos en los últimos años -siempre en relación directa con la disponibilidad de recursos para funcionar- el servicio capta, desde su sede en el centro, la demana de la ciudad y de algunas localidades vecinas. En el interior, como otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social, la tarea está delegada a los municipios y no cuenta, salvo alguna excepción, con un área específica.

A los 120 varones que ingresaron al programa en 2011 se suman 236 mujeres y 57 niños y niñas víctimas. Totalizaron 254 oficios judiciales. Los datos se cruzan, pero también hay casos de reincidencia.

Debido a la alta demanda y a la falta de profesionales, se abrió una lista de espera, con demoras de entre 5 y 8 semanas hasta la incoporación al "espacio psicosocial". Es la primera vez que eso ocurre en los 25 años de vida del servicio, que tuvo épocas de crisis pero que atraviesa uno de sus años más complejos: sólo uno de los empleados tiene su puesto asegurado, mientras que los 17 restantes alternan en distintas variantes de trabajo temporario -dos jefaturas- y precarizado, con diferentes modalidades de contrato y de subsidios que derivan en sueldos máximos de 2.800 pesos.

El programa tiene tres áreas: mujeres, niños y hombres. En cada caso hay distintos objetivos, pero en todos se apunta a un trabajo interdisciplinario, con psicólogas -no hay profesionales hombres, aunque sería necesario- y asistentes sociales. En los tres sectores falta personal "y hace falta abrir la delegación del Oeste". La referencia desde la oficina tiene que ver con que desde 2001 a 2009 funcionó ese espacio, que cerró debido a la falta de recurso humano. "Es una pena, porque las estadísticas nos dicen que allí es donde hay más demanda: primero, porque hay mucha más población y, después, porque son sectores que no tienen obra social y no pueden ir a un particular. Lo aclaro porque la problemática atraviesa todos los sectores sociales", afirmó la titular del programa, Marina Pacheco. Las cifras indican que de los 413 casos asistidos en 2011, 162 ocurrieron en familias asentadas en ese sector de la ciudad (con 108 mujeres y 54 hombres); 84 en el centro, 46 en los barrios del Sur, 11 en Valentina Sur y Norte, 5 en la Meseta y Parque Industrial y 10 en otras zonas. El resto surge de las asistencias que se realizan en otras localidades, incluyendo un caso de Río Negro.

La proyección para este año tiene un objetivo máximo: la puesta en marcha de la ley 2.785, que modernizó a fines del año pasado la normativa provincial y, por ejemplo, incluyó a las relaciones de noviazgo, y la adhesión a la Ley Nacional 26.485 de Protección de Mujeres Víctimas de Violencia, que regula otras formas de violencia, como la física, económica y patrimonial, psicológica, simbólica y sexual. Ambas deben comenzar a regir desde el 6 de abril, pero antes, y a poco más de un mes de la fecha límite, se deben adecuar los organismos que las tienen que aplicar.