En noviembre del año pasado, la mayoría de los profesionales ligados a la salud mental en Córdoba advirtieron sobre la precaria situación que se vive en este sector, y enviaron un informe sumamente crítico sobre la aplicación de la ley 9.848 de desmanicomialización.

Sin embargo, no sólo se avanzó casi nada desde entonces, sino que, además, la Provincia le restó al área al menos 600 mil pesos que ya estaban asignados en el Presupuesto 2011.

El estudio estuvo a cargo de la Mesa de Trabajo Permanente en Salud Mental y Derechos Humanos, integrada por profesionales y trabajadores de la salud del sector público y privado, universidades, colegios de profesionales, organizaciones intermedias y hasta pacientes. En noviembre de 2011 fue colgado en Internet (http://mesadetrabajosmyddhh.blogspot.com.ar/), y en diciembre se les presentó a las nuevas autoridades provinciales.

En estos cinco meses que pasaron, la realidad reflejó el caos anunciado: una gestión que duró tres meses, más dos escándalos tras la difusión de la precaria situación del Instituto Provincial contra el Alcoholismo y la Drogadicción (Ipad) y el Centro Psico Asistencial (ver aparte).

La ejecución presupuestaria provincial al 30 de septiembre de 2011 contemplaba para los programas de Prevención de la Drogadicción 4.432.000 pesos. Sin embargo, en la cuenta de inversión 2011 (que refleja lo que efectivamente se presupuestó y gasto), esa cifra es de 3.801.540 pesos: casi 600 mil pesos menos. En el primer caso, el “compromiso” figuraba con 3.135.809 pesos, pero finalmente quedó en 2.536.683 pesos. Como se aprecia, la diferencia es la misma.

¿Qué pasó? Difícil saberlo, porque desde el Gobierno provincial no se brindaron explicaciones.

El ajuste. Al exponer los problemas de la implementación de la ley, el documento de la Mesa Permanente resume también la realidad del área. Por ejemplo, señala:

Fondos. Se trasladaron funciones a los municipios sin la consecuente transferencia de recursos.

Presupuesto. Muy lejos de los estándares internacionales, que establecen que el 10 por ciento de los recursos de salud deben destinarse a salud mental. No sólo no se alcanzó, sino que disminuye. El porcentaje para 2012 es de 6,53 por ciento.

Recursos humanos. Trabajadores de salud mental en el sector público malpagos, precarizados e insuficientes.

Derechos. El proceso de externación de pacientes de las instituciones no se está llevando adelante con los recaudos necesarios; el acceso a los psicofármacos no es permanente, hay períodos de escasez o total ausencia de alguno de ellos; persisten las internaciones involuntarias sin los controles necesarios; existen “salas de contención” utilizadas para evitar las “fugas”; el consentimiento informado es utilizado de manera burocrática; y hasta “muertes que no han sido investigadas”. También menciona violaciones de los derechos humanos en el caso de pacientes internados en “condiciones inhumanas (como el Centro Psico Asistencial)”.

Red. No existe una red de dispositivos alternativa, “pese al esfuerzo de los trabajadores que, en algunos casos, sostienen los dispositivos armados con sus propios recursos. Se han abierto casas de medio camino que aún son insuficientes, que no cuentan con presupuesto ni con recurso humano propio”.

“La idea es descentrar el problema de la salud mental del hospital, de la internación, de la concentración de recursos en los tratamientos médicos. Para eso pedimos herramientas como casas de medio camino para mujeres, lugares para que la gente que se va del hospital pueda tener una externación acompañada, acompañamientos terapéuticos, talleres de capacitación laboral, viviendas protegidas… Pero desde hace tiempo se entiende la desmanicomialización como un ajuste”, señala Cecilia Berra, empleada provincial y docente de la Facultad de Psicología de la UNC, e integrante de la Mesa.