Lo hizo a través de una batería de controles oficiales a la compra de dólares, a las importaciones y al giro de utilidades empresarias que, por ahora, han resultado efectivos para frenar artificialmente la demanda de divisas.

Ahora la propia CFK sinceró también a su manera que el déficit energético se torna cada vez menos sostenible, al confirmar que las importaciones de gas y combustibles subieron 110% el año pasado, y superaron los 9300 millones de dólares. Aquí, la respuesta oficial fue culpar a las petroleras -con YPF a la cabeza- y exigirles urgentes inversiones para recuperar la producción local de hidrocarburos, como si la política energética de la era K no hubiera tenido nada que ver y el problema pudiera resolverse de un mes para otro.

Al margen de las formas, las dos cuestiones están estrechamente relacionadas. La Argentina ya no cuenta con fuertes excedentes de divisas, una prueba de lo cual es que el Gobierno decidió "blindar" las reservas del BCRA (46.800 millones de dólares) para prevenir males mayores. Paralelamente, las crecientes importaciones energéticas deterioran el superávit comercial y, como no pueden sustituirse a corto plazo, obligan a frenar las compras externas de otros rubros. Todo esto pone en riesgo la fluidez de la actividad económica y, además, el aumento de la inversión privada, que es lo que más necesitaría una economía donde la demanda interna siempre corrió en los últimos años por delante de la oferta, a las que casi invariablemente el Gobierno alude por separado.

Lo que ocurre en el sector de hidrocarburos es una muestra de ese divorcio. En el período 2003-2010, la producción de petróleo se contrajo 22% y las reservas 19% (equivalen a 11 años de consumo), mientras que en gas natural las caídas fueron de 14% y 46%, respectivamente (8 años). Durante el mismo lapso (y con precios controlados, regulados o subsidiados, según los casos), hubo un crecimiento acumulado de 95% en el consumo de naftas y de 63% en gasoil, en tanto que la demanda interna de gas natural representa el 51% de la matriz energética. Esta brecha, potenciada en 2010 y 2011, es la que obliga a mayores importaciones. El ex secretario de Energía, Daniel Montamat, calcula que el déficit energético, de unos 4000 millones de dólares en 2011, podría trepar a 6000/7000 millones este año, con compras externas de 11.000/12.000 millones.

Aquí cobra relevancia la cuestión de precios políticos. La mayor declinación de la producción y reservas coincidió con un período de precios internacionales récord para el petróleo, hoy en torno de los 100 dólares el barril. No fueron, sin embargo, un incentivo para invertir, ya que hace años se aplica una retención móvil a las exportaciones por encima de los 42/46 dólares. Por eso fue más negocio para las petroleras vender el crudo internamente, a precios de hasta 73 dólares, mediante certificados fiscales del plan Petróleo Plus para las empresas que aumentaran inversiones. Este programa, caso por caso, acaba de ser desactivado por el ministro Julio De Vido para las mayores compañías.

Mucho más crítica es la situación del gas natural, cuyos precios apenas alcanzan al 20% de los valores de referencia regionales e internacionales y donde el Gobierno ha venido aplicando una inexplicable política de sustituir producción local con importaciones cada vez más costosas. Durante la era K, las empresas que producen en la Argentina perciben un precio promedio regulado de 2,5 dólares el millón de BTU (unidad de medida), equivalente a una cuarta parte del que hoy se paga por importar desde Bolivia (a 10,7 dólares) y entre una quinta y sexta parte de las compras externas de gas natural licuado (GNL), a precios entre 13 y 18 dólares. Otro ex secretario de Energía, Alieto Guadagni, estima que en los próximos tres años las importaciones de GNL habrán de duplicarse hasta representar el 40% del consumo.

¿VICTIMARIOS O VÍCTIMAS?

Con estas distorsiones, las petroleras adoptaron una estrategia defensiva. Salvo contadas y meritorias excepciones, en estos años optaron por extraer más petróleo y gas de los yacimientos conocidos (muchos en fase de declinación), que invertir para descubrir nuevas áreas. Tiempo atrás, Montamat definió esta tendencia como "poner más bombillas en el mismo mate". Guadagni, a su vez, repara en que de 95 pozos exploratorios anuales en la década del 90, se pasó a 26 en 2011. Aun así, últimamente hubo hallazgos prometedores en yacimientos no convencionales, aunque convertirlos en reservas comprobadas requerirá enormes inversiones, en una relación de 10 a 1 frente a los convencionales.

En este marco, el sorpresivo giro del Gobierno con respecto a YPF se presta a todo tipo de incógnitas y conjeturas. Puede ser una presión para frenar este año la remesa a Repsol de dividendos en efectivo por parte de su socio local (el grupo Eskenazi) para cancelar los préstamos por la compra, sin pago previo, del 25% de las acciones de la compañía. Según Guadagni, en los últimos tres años esos pagos totalizaron más de 18.000 millones de pesos (144% de sus utilidades) y el mecanismo fue consentido y avalado por el gobierno kirchnerista, a través del director estatal en la filial argentina. Otra posibilidad es que sea un intento de desplazar a YPF de la concesión de varias áreas petroleras en provincias donde declina su producción, a menos que se comprometa a aumentar inversiones en perforación. Para Jorge Lapeña, otro ex secretario de Energía, esta acción debería generalizarse, a través de auditorías integrales e independientes sobre las 180 áreas concesionadas a todas las empresas, así como sobre aquellas con permisos de exploración licitadas por las provincias productoras desde 2006, "muchas de las cuales fueron adquiridas con criterios especulativos", dice, por empresas amigas del poder político.

Estas hipótesis tienen más asidero que los rumores de reestatización que el gobierno dejó correr y cuya posibilidad supondría un negocio para Repsol, que mantiene el 57% del paquete accionario de YPF, que, según Lapeña, tiene un valor bursátil de 14.000 millones de dólares.

La posición de YPF, a través de su comunicación a la Bolsa, no aludió a este tema; hace hincapié en las inversiones récord de 2011 (13.300 millones de pesos, 50% más que en 2010), pero advierte a su vez que el plan de inversiones para poner en marcha su más importante yacimiento no convencional (Vaca Muerta, en la cuenca neuquina) requeriría 28.000 millones de dólares en los próximos años.

Desde una perspectiva más amplia, en una Argentina con menos petróleo, gas y dólares, tal vez estos chisporroteos estén indicando que no debe estar muy lejano el momento de barajar y dar de nuevo en materia de política energética. A menos que el Gobierno siga empeñado en mirar el futuro a través del espejo retrovisor.