Es el creciente papel del Estado nacional llevado al extremo con la creencia de que no hay nadie mejor que los funcionarios para saber lo que la población debe hacer con sus ahorros y la forma en que los gobernadores deben administrar sus distritos. No es ni más ni menos que intervencionismo puro, o kirchnerismo puro.

Frente a las cada vez más duras restricciones para que ciudadanos y empresas accedan a la moneda extranjera y a las limitaciones a los giros de fondos a las provincias, no hay dudas de que las cuentas públicas no pasan por un buen momento.

Como en Venezuela, no hay dólares para nadie. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene claro que ha llegado el tiempo del ajuste, pero sabe también que el costo político lo debe pagar otro.

Algunos gobernadores provinciales empiezan a darse cuenta. Es que la mayor parte de los recursos con que cuentan sus distritos provienen de los impuestos que recauda el Estado nacional y que luego distribuye bajo el mecanismo de la coparticipación federal.

El problema es que hoy la Nación apenas distribuye el 26% del total de recursos nacionales a las provincias en concepto de coparticipación. Ese porcentaje ha ido cayendo en los últimos años, a medida que tuvieron más peso las retenciones a las exportaciones que sólo se coparticipan en una porción mínima.

Además, como destaca el economista Rodolfo Rossi con datos del Banco Central, en 2011, los recursos discrecionales girados por el Estado nacional a las provincias cayeron al 3,7%, cuando un año antes habían sido del 17,3%.

En tal sentido, diputados de la UCR han reclamado que el Ministerio del Interior distribuya entre las jurisdicciones provinciales Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no asignados y existentes al 31 de diciembre último, que a la fecha acumularían un total de casi 12.000 millones de pesos.

El centralismo fiscal está en su apogeo. Las provincias son cada vez más dependientes de la Nación, al tiempo que están más afectadas por la fuerte inflación. Su principal gasto pasa por el pago de salarios en el sector público, que representa más del 50% de las erogaciones, por lo que la composición del gasto público provincial tiene una gran rigidez y el margen para reducirlo, sin recurrir a medidas drásticas e impopulares, es muy bajo.

Frente a esa situación, el gobierno nacional instó a los gobernadores a aumentar las alícuotas de los impuestos provinciales. Curiosamente, Cristina Kirchner forzó a Daniel Scioli a hacer algo que ella no se atrevió a terminar, después de que anunciara la famosa "sintonía fina" y la eliminación de subsidios a los servicios de agua, luz y gas. El mensaje es muy claro: que el ajuste lo pague el otro.

Scioli parece haberse acordado muy tarde de reclamar por los puntos de coparticipación que fue perdiendo la provincia de Buenos Aires. La Presidenta también parece haberse dado cuenta tardíamente de que el gobernador bonaerense administra mal su distrito. Que sólo ahora saquen a relucir sus discrepancias tiene una explicación: la feroz lucha interna en el peronismo por la sucesión..