Con más de 320 mil trabajadores asegurados, Mendoza se mantiene en el top-3 de provincias con mayor nivel de judicialización de los accidentes de trabajo, un dato que complica al sistema de las ART a pesar de un decreto nacional que en noviembre pasado triplicó los montos de las indemnizaciones.

Concretamente, una proyección para 2010 indica que, por cada 10 mil asegurados, 93 casos terminan en los tribunales.

El dato coloca a la provincia por encima de la media nacional, que es de 78 juicios. Según el último informe de la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) sólo la superan Córdoba, con 291,5, y Santa Fe, con 243.

En la comparación, el índice sigue considerándose elevado, aunque está lejos del pico de 188 registrado en 2009, que puso a la plaza mendocina en el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba.

Aunque algunas evitan ponderar su incidencia, para las compañías ya es un factor de peso a la hora de ajustar las pólizas. De hecho, varias reconocen que al menos debieron trasladarlo a los precios una vez en lo que va del año, y que en ciertas regiones incluso los costos se duplican por la judicialización.

María Betiol, gerente general de la UART, sostiene que "tanto empleadores como aseguradoras vienen padeciendo los efectos de la litigiosidad, especialmente desde 2004, año a partir del cual se ha incrementado sistemáticamente la cantidad de planteos judiciales".

Betiol habla de "cifras contundentes", con tasas interanuales superiores al 50%, y estima que en 2010 terminarán iniciándose unos 62 mil juicios. En 2008 hubo 27.170 y en 2009 41.538.

La industria del juicio

Así denominan desde las aseguradoras al contexto que explica el fenómeno. Sostienen que ahora no se trata de pagar mejores liquidaciones sino de limitar los abusos de apelar por la vía de la demanda civil, un hueco que dejó el Decreto 1694/09 del PEN.

La norma aprobada en noviembre pasado, llevó, en los montos por Incapacidad Definitiva de $ 30 mil a $ 50 mil que se pagaban, al actual rango de $ 80 mil a $ 120 mil. Además lo que antes era el techo de $ 180 mil para las liquidaciones en general, hoy es el piso y no tiene tope.

Esto, si bien es un avance, a la luz de lo que muchos llaman una "industria del juicio", parece insuficiente. Sobre todo teniendo en cuenta que, mientras el nivel de siniestros merma, el de demandas no deja de crecer: sólo hasta el año pasado, 1 de cada 10 denuncias por accidentes laborales recurrieron a la Responsabilidad Civil.

"Litigiosidad sucia", es la frase que utiliza Paula Morera, vocero de BBVA-Consolidar, para definirlo.

"Para nosotros impacta en la emisión de pólizas, pero no se puede cuantificar porque tomamos el historial específico de cada compañía. ¿Porqué no baja potencialmente? Porque se siguen manteniendo las dos vías: la denuncia ante la ART y el reclamo ante la Justicia.

Funciona cuando la cobertura de los daños no es total y como compensación, porque el sistema es imperfecto pero aquí se trata de una práctica que representa costos ocultos para el sistema".

Morera confirma que Mendoza es una de las provincias donde más se nota. Pero afirma que "es imposible trasladar todo el gasto de litigiosidad a las primas. La proyección de juicios obliga a prever una reserva de plata para ese fin".

En cambio, para Armando Carrasco, gerente regional de Asociart, que tiene 7 mil empresas en su cartera y presta cobertura a unos 48 mil trabajadores en Mendoza, es una distorsión mayor de la estructura de costos. "Constituye un sobrecosto que estamos obligados a trasladar al precio".

"El problema no es el reclamo sino la acumulación, porque la duplicidad complica", señala Carrasco. "Por eso, hay que validar las alternativas: usar una vía u otra, pero no ambas".