La posibilidad de que logre ponerse en vigencia el decreto presidencial 699/2010, que no sólo prorroga el régimen Promoción Industrial sino que permite la radicación de nuevos proyectos industriales en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca; por los próximos 15 años, provoca que el Consejo Empresario Mendocino planteé duros cuestionamientos en un nuevo informe que publicó este mes.

“¿Cuánto le costará al país y a Mendoza este Decreto? ¿Cuánto daño nos provocarán 15 años más de promoción? ¿Cuántas inversiones dejaremos de recibir? ¿Cuántos puestos de trabajo se verán afectados?”, son algunas de las preguntas que lanza el CEM.

El informe concluye en que “el perjuicio que el régimen promocional ocasionó y provocará en la nuestra provincia no es un tema nuevo, ni un hecho fortuito o aleatorio. Ya hace más de 10 años, el CEM calculaba este daño fiscal y productivo para el país en $ 47.000 millones y para Mendoza en $14.800 millones, a valores de 1999”.

“Resulta importante tener en claro qué costo fiscal del régimen de exención es asumido por las provincias, la Nación, y también los jubilados. Por cada $100 de exención impositiva, el conjunto de provincias deja de percibir $45 y la ANSES $28, debido a que los impuestos eximidos son coparticipables”, resume el trabajo.

La situación actual de las provincias también es analizada en el informe, y de esa mirada se extrae que “es totalmente diferente a la que dio origen al régimen de Promoción Industrial, con lo cual no puede argumentarse lo mismo que hace 30 años para reinstalar un sistema que se ha demostrado que fue perjudicial, distorsivo, en algunos casos fraudulento y con éxitos parciales”.

A su vez, y midiendo la evolución de los niveles de producción y actividad económica de las provincias, tasas de desempleo, pobreza y necesidades básicas insatisfechas; para el CEM, “el país presenta hoy un panorama distinto y no justifica la renovación del régimen de la ley 22.021. Por el contrario, precisa trabajar en un nuevo régimen de políticas económicas activas, para atender la situación del país en su conjunto y de otras provincias que permita disminuir las brechas existentes, respondiendo a un modelo de país del siglo XXI”.