Los pasivos ambientales que dejó YPF cuando era manejada por Repsol son una de las principales cartas de negociación que tendrá el Estado nacional al momento de definir el precio que se le pagaría a la empresa española por la expropiación de 51% de la petrolera. Mientras otras provincias hicieron los deberes y avanzaron en una valoración económica de la deuda, en Mendoza no hay novedades ni señales que permitan suponer que en el corto o mediano plazo se podrá contar con una cuantificación del costo de recuperación y remediación de piletas y pozos abandonados.

"Tenemos que ver realmente cuál es el estado de la compañía, cuál es el grado de operatividad de los pozos, cuáles están fuera de funcionamiento o parados. Debemos hacer una radiografía de la compañía para saber dónde estamos parados", declaró el gobernador Francisco Pérez al diario Página/12. "Investigaremos los daños ambientales que dejó la empresa", prometió a fines de abril. Eso no fue todo. En mayo, el director de Protección Ambiental (DPA), Edgardo Martín, aseguraba: "Se están haciendo auditorías de pasivos a fin de tener un registro de todos identificados y valorizados".

Sin embargo, el Gobierno provincial hizo poco y nada para definir el valor de la deuda que YPF dejó en Mendoza en materia ambiental. El único dato firme que maneja el Ejecutivo son los 524 pasivos (antiguos derrames, piletas de pozos que fueron mal saneados, cañerías en desuso, entre otros) que reconoció YPF –a través de declaraciones juradas presentadas– a mediados del 2011, cuando el entonces gobernador Celso Jaque firmó con el ex vicepresidente de la empresa, Sebastián Eskenazi, un acuerdo para extender por diez años el contrato de concesión de 16 áreas petroleras.

La Secretaría de Ambiente debería ser la encargada de realizar ese informe. Pero su titular, Marcos Zandomeni, indicó que su tarea es otra: controlar a las petroleras y exigirles que cumplan con el plan de remediación de pasivos. Según el funcionario, no se pueden confundir los roles, y esa investigación debería realizarla la YPF estatal o una consultora. La falta de información clara sobre los pasivos ambientales en la provincia no es el único problema. Zandomeni señaló que existen pocos proveedores habilitados en Mendoza para realizar el tratamiento de los residuos que dejan las petroleras.

Lo concreto es que ningún área del Gobierno provincial trabaja en el informe de pasivos ambientales dejados por YPF antes de ser expropiada. Ese dato que solicitó la Nación es clave para reducir la compensación económica que se le tendría que abonar a Repsol, que la propia empresa calculó en unos 10.500 millones de dólares. Otras provincias cumplieron con la exigencia de la Casa Rosada. Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, evaluó que el pasivo en esa provincia es de 3.000 millones de dólares. Y el ministro de Energía y Ambiente de Neuquén, Guillermo Coco, estimó que la deuda ambiental de Repsol alcanzaría los 1.500 millones de dólares.

En Chubut todavía no hay cifras pero se contrató a una consultora para realizar el relevamiento de los pasivos ambientales que, según indicaron desde la gestión de Martín Buzzi, "será muy importante e, incluso, puede superar al del resto de las provincias". Sólo en Comodoro Rivadavia, según consignó el intendente Néstor Di Pierro, Repsol mantiene "una deuda de casi 200 millones de pesos, y, además, hay un pasivo ambiental por el paso del oleoducto de casi 3.000 pozos". Por su parte, en Río Negro calculan que la cifra no superará los 40 millones de dólares.

LA LEGISLATURA QUIERE SABER. El 24 de abril, la Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe presentado por Carlos Aguinaga (PD) para conocer el estado de los pasivos ambientales que dejó Repsol. "Mendoza necesita contar con información precisa sobre la existencia, extensión y gravedad de los pasivos ambientales existentes en nuestro territorio, pues la Nación se apresta a negociar con YPF el precio de las acciones expropiadas, y descontará los montos de reparación de los pasivos ambientales", se indica en los considerandos del proyecto. Aguinaga informó que el Gobierno nunca respondió y señaló que la tarea de controlar y cuantificar el valor de los pasivos ambientales es función del Ejecutivo.

"La Provincia es la acreedora de los pasivos porque las remediaciones se deben realizar en Mendoza", indicó el legislador, quien pidió "determinar y cuantificar en forma urgente" esas deudas. Por otra parte, el diputado nacional Enrique Vaquié (UCR) presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un fondo destinado a reparar los pasivos ambientales provocados por YPF. El monto que deberá utilizarse para solucionar los efectos nocivos de la petrolera en el ambiente surgirá del "proceso de determinación del precio a pagar por las acciones expropiadas por el Estado nacional a la empresa Repsol SA", afirmó el radical en los considerandos de su iniciativa.

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Entre la falta de control y la responsabilidad civil y penal

Cuando se habla de pasivos ambientales se hace referencia a los daños al medio ambiente que las empresas dejan durante su período de producción y el remanente luego de una actividad, no sólo industrial, sino de servicios, cuyo perjuicio e impacto en la ecología se puede mensurar económicamente. Más allá de los daños en sí, se contabiliza el costo que las mismas firmas o un Estado deben encarar para remediar esos problemas, situaciones que en algunos casos significan grandes sumas de dinero.

Por eso, para el Estado argentino es de vital importancia saber cuáles fueron los pasivos que Repsol dejó en nuestra provincia. Básicamente, por dos motivos: a la hora de tasar el valor de las acciones de la empresa y el importe que deba pagarse por ella se descontará el número que las provincias informen en concepto de "pasivos ambientales". Además, será un argumento válido para esgrimir ante la comunidad internacional y explicar el porqué de la expropiación.

Los pasivos ambientales también tienen derivaciones sociales y políticas. El pasivo de una empresa podría implicar la anulación o restricción en el desarrollo de otras actividades. "Es importante establecer quién es el responsable del daño. Repsol siempre se justificó diciendo que parte de sus pasivos ambientales eran de la vieja YPF estatal. Detrás de cada uno de estos podría haber una responsable civil y penal. No es sólo reconocer una mala práctica y recomponerla. Alguien pudo cometer un delito. Incluso, la omisión del Estado a la hora de controlar adecuadamente podría ser motivo de acciones judiciales", aseguró Eduardo Sosa, licenciado en Gestión Ambiental y presidente de la ONG Oikos.

Suba a petroleros

El Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, acordó un aumento del 25% más el pago de una suma no remunerativa de 12 mil pesos. Sin embargo, parte del sector no se ha mostrado conforme con el modo en que se abonará el incremento, que se otorgará en tres tramos del 1 de julio a setiembre del 2013.

"Se acordó un porcentaje que va al básico, de 25%, y el pago de 12.000 pesos distribuidos hasta noviembre del 2013", manifestó el secretario general del Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburos (SUPEH), Jorge Córdova. De todas maneras, este aumento no ha sido bien recibido por todos los miembros del sector, quienes no están conformes con la manera en la que se aplicará este incremento. "Nosotros no vamos a hablar hasta no tener las actas", remarcó Córdova.