Los ministerios de Salud, Desarrollo y Derechos Humanos y de Trabajo, Justicia y Gobierno se unieron para trabajar coordinadamente a fin de llevar adelante acciones que garanticen una política sanitaria de promoción, protección, recuperación y habilitación de personas privadas de libertad con problemas de salud mental. También se les continuará con los tratamientos, historia clínica y de adicciones. Mendoza es la primera provincia que adhiere a las pautas.

El Gobierno de Mendoza firmó hoy un acuerdo complementario con el Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral de las personas privadas de libertad. Lo realizaron en el Tercer Piso de la Casa de Gobierno, la directora de Medicina Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, Silvia Báez Rocha y los ministros, Félix González, Carlos Días Russo y Guillermo Elizalde.

La directora de Medicina Comunitaria de Ministerio de Salud de Nación, Silvia Báez Rocha expresó: “este convenio es la concreción de un trabajo integrado y tiene como objetivo garantizar la salud, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la salud para los internos y personal de las penitenciarías. Este acuerdo es un paso más en la concreción de procesos de acceso a los derechos de los internos, conlleva un gran compromiso de muchos actores en el marco de una política nacional de inclusión y defensa de los derechos humanos”.

El ministro de Gobierno dijo que “estás acciones tienen como objetivo lograr la reinserción social de los internos. No hay que olvidar que quienes están privados de la libertad el único derecho que tienen afectado es el de la libre circulación. Buscamos garantizarles el derecho a la salud. En este acuerdo se incluye además al personal penitenciario que tiene una de las tareas más difíciles y que muchas veces no es reconocido”.

Carlos Díaz Russo comentó que “se trabajará en forma coordinada con los hospitales y centros de salud cercanos a las penitenciarias, y los diversos programas del ministerio. Se priorizará la prevención y promoción como ejes principales en busca del mantenimiento de la salud de la población penitenciaria”.

El ministro Guillermo Elizalde dijo que “nuestra participación tiene que ver básicamente con que en nuestro ministerio tenemos a la DINAF, y allí se encuentra el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con jóvenes en situación de encierro”.

“Tenemos dos ejes de trabajo que son centrales: por un lado, la reparación de los derechos, ya que somos conscientes que el Estado debe garantizar y efectivizar los derechos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados. Pero también tenemos que abordar una segunda dimensión que tiene que ver con las políticas sociales que permiten construir ciudadanía y garantizar la inclusión, para que esos jóvenes alojados en el SRPJ puedan tener una resocialización”, afirmó Elizalde.