Convencido de que la lucha contra la promoción industrial en Mendoza es algo así como la "causa Malvinas" para Argentina (que unifica a todos los sectores políticos, económicos y sociales), el gobernador, Celso Jaque, se mostró la semana pasada dispuesto -incluso- a afrontar la sangría diaria de un millón de pesos a cambio de no resignar posiciones contra la prolongación en las provincias limítrofes de los beneficios impositivos que nacieron hace treinta años.

"La presentación ante la Corte (contra el decreto 699 de Promoción Industrial) la vamos a continuar hasta donde corresponda, porque la prioridad es que Mendoza no se perjudique", enfatizó Jaque. "Mi relación con el Gobierno nacional siempre fue de acompañamiento pero cuando haya algún tema que ponga en juego a Mendoza, vamos a seguir defendiendo a Mendoza", subrayó.

En ningún momento el Gobernador confirmó expresamente que la Casa Rosada le haya exigido que retire su presentación ante la Corte Suprema a cambio de firmar el Programa Federal de Desendeudamiento (PFD) que evitará los pagos a la Nación durante un año y medio y lo aliviará de un pago de un millón de pesos diarios por la deuda pública que la Provincia mantiene con el tesoro nacional.

Pero Los Andes pudo confirmar que han existido al menos dos contactos entre funcionarios de los gobiernos de Mendoza, Neuquén y Río Negro (los tres con algún tipo de reclamo ante la Nación) en los que se analizó el pedido verbal del gobierno K a las provincias para que resignen planteos judiciales.

"Mendoza no tiene ninguna presentación judicial ni ningún juicio contra la Nación por pesos", intenta aclarar Jaque. "Lo de la promoción industrial no es ningún reclamo por pesos", agrega. Hace cuatro días, en Buenos Aires, el Gobernador se reunió con el ministro del Interior, Florencio Randazzo y mantuvo conversaciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, y allí se abordó precisamente el Programa Federal de Desendeudamiento (PFD).

"Estamos conversando para llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional. Hay algunos puntos en los cuales aún no alcanzamos el entendimiento adecuado. Cuando lo tengamos, firmaremos el programa de desendeudamiento", se limitó a decir Jaque, sin aclarar lo de "algunos puntos".

Quita efectiva

El PFD refinancia las deudas de las provincias con la Nación a veinte años, establece una tasa fija del 6% anual, elimina el CER (9 puntos menos que redundan en quitas efectivas de deuda) y establece 18 meses de gracia que significan que Jaque sencillamente no pagará ni un peso más en lo que le queda de mandato.

Pero todavía no hay fecha para que esto entre en vigencia. Y a ello se agrega que ya no existe el antiguo Programa de Asistencia Financiera (PAF) que, desde mayo en adelante, le reintegraba a Mendoza casi 30 millones de pesos por mes de los 31 millones que le descontaba de la coparticipación federal por la deuda.

Por lo tanto, la caída del PAF y la falta de vigencia del PFD tienen un costo de transición para la Provincia de 31 millones de pesos mensuales, precisamente en el momento de la delicada negociación por la promoción industrial. Estas dificultades se trasladan también a tres departamentos de la provincia: Luján, Godoy Cruz y Tunuyán, cuyas deudas seguirán el mismo tratamiento de las de la Provincia con la Nación.

La rúbrica del PFD significaría para Mendoza la refinanciación de 2.900 millones de pesos, lo que le permitiría a Jaque "patear pagos" por 735 millones de pesos hasta el final de su gestión, sin por ello recargar a sus dos sucesores inmediatos, sino -por el contrario- aliviándolos. Es que tanto el próximo gobernador (2011-15) como quien le siga (2015-19) deberán afrontar pagos menores a los previstos en la actualidad para esos años. A cambio de ello, los tres mandatarios subsiguientes (2019-23, 2023-27 y 2027-31) deberán hacerse cargo de pagos hoy no previstos, aunque con montos de volúmenes "manejables".

Hasta el momento, sólo tres provincias -Buenos Aires, Tucumán y Chaco- han firmado el PFD y aún faltan ocho más: Córdoba, Mendoza, San Juan (con una deuda chica), Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Chubut. Y otras seis no deberán firmar por no estar endeudadas con la Nación: La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y Ciudad de Buenos Aires.

Frente a la aparición de un "agujero" fiscal de 31 millones mensuales que puede prolongarse todo el tiempo que duren las negociaciones con la Nación (y con San Juan) por la promoción industrial, el Gobierno de Mendoza muestra esfuerzos para cubrirlo con ingresos propios. En Hacienda se ha agudizado la gestión para mejorar la recaudación provincial, aunque se admita que -a pesar de las subas en los ingresos por impuestos provinciales y nacionales- "no alcanza para tapar ese hueco".

También se espera que en los próximos diez días lleguen a la provincia los 110 millones de pesos de Nación Fideicomiso (previstos para cubrir medio déficit 2009) y aún están pendientes de recepción los 210 millones de pesos correspondientes a la segunda parte del endeudamiento autorizado para cubrir el rojo 2009. Estos últimos se podrían tomar a una tasa de un dígito durante los próximos meses, como ya consiguió Chubut (9,75%) y está a punto de conseguir la Nación (10,25%).

Y es de suponer que esta situación fiscal no deja de influir en la vertiginosa maratón encarada por el Gobierno provincial en materia de resolución de prestaciones de servicios deficitarios y de impulso a explotaciones económicas que generan ingresos: en los últimos veinte días la Casa de Gobierno de Mendoza anunció la prórroga por diez años a 37 explotaciones petroleras, dio por iniciados los trabajos en Llancanelo, confirmó la puesta en marcha de Potasio Río Colorado, le fijó fecha a la audiencia pública de la mina San Jorge, aceleró los tiempos de la privatización del Grupo Dos, volteó las concesiones en Obras Sanitarias Mendoza y Zona Franca y en los próximos días avanzará en el proceso de construcción de Los Blancos.