Es una causa iniciada ante el Ciadi por la compañía Electricité de France y otros dos accionistas privados hace ocho años, por congelamiento de tarifas y la pesificación de contratos tras la crisis de 2001.
Por una demanda contra Mendoza que hicieron tres inversoras francesas que eran hace más de ocho años la accionistas mayoritarias de Edemsa, el país deberá pagar más de U$S 200 millones, según lo estableció el tribunal arbitral del Banco Mundial, que es el Ciadi. La sentencia ordenó que Argentina deberá resarcir económicamente a Electricité de France (EDF), Saur International y León Participaciones Argentinas por el congelamiento de las tarifas (en este caso eléctricas) y la pesificación de los contratos sufridos durante la crisis de 2001.
Entre fines de los ´90 y mediados de 2004, el grupo Sodemsa tenía el 51% de las acciones de Edemsa, la empresa que es la mayor distribuidora de energía de la provincia. Ese grupo estaba formado por un accionista principal que era EDF, pero además por el fondo de inversión León Participaciones Argentinas y por Saur Internacional (que ya ganó hace dos meses una demanda contra la Argentina como operadora de la ex Obras Sanitarias Mendoza).
Como estas empresas consideraron que se vieron afectadas por la crisis económica de 2001 demandaron a la Argentina ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que es un tribunal del Banco Mundial que arbitra entre los Estados nacionales y los inversores extranjeros.
El Ciadi falló a favor de las empresas (algunos gobiernos critican a este tribunal por tomar generalmente resoluciones a favor de las inversoras) y ordenó que la Argentina deberá abonar U$S 136 millones más los intereses, lo que eleva al monto a U$S 200 millones, algo así como $ 920 millones, tomando el dólar al precio oficial.
El desembolso lo deberá hacer el Gobierno nacional porque son los Estados nacionales quienes litigan ante el Banco Mundial pero afectará directamente a la Provincia. Según aseguraron en el Ejecutivo provincial, podría "ser descontado de los montos de coparticipación federal de impuestos" que recibe Mendoza.
Sin embargo, no se trata de una situación inmediata porque el país no ha pagado ninguno de los montos que el Ciadi ha obligado a abonar de las diferentes demandas que han perdido las provincias. Es que el país ha decidido priorizar la deuda que tiene con sus acreedores.
De hecho, casi en paralelo con este fallo, el 12 de junio, se hizo público una sentencia contra Argentina en la que la demanda era por la ex Obras Sanitarias Mendoza. El tribunal arbitral resolvió que Argentina debía pagar U$S 143 millones al grupo francés Saur Internacional porque Mendoza no habría pagado una "indemnización adecuada" tras haber reestatizado la empresa (que hoy se llama Aysam) durante el Gobierno de Celso Jaque (2007-2011). En realidad el juicio era anterior (se había hecho en 2004 por motivos similares a los de Edemsa, es decir tras la devaluación) pero se reactivó en 2010 por la intervención de OSM y posterior estatización, lo que llevó a rescindir el contrato a Saur.
La Procuraduría de la Nación junto con el Estado mendocino (a través del EPRE -Ente Provincial Regulador Eléctrico- y Fiscalía de Estado), presentaron una apelación a esa resolución con nuevas pruebas. Esta causa es clave, porque Repsol podría seguir el mismo camino de Saur por la intervención y posterior reestatización de YPF. En el caso de Edemsa, el camino podría ser similar, aunque también se podría plantear la anulación del caso.
Desde 2002, un año después de la crisis, el Ciadi recibió más de 40 demandas de inversoras extranjeras en detrimento de la Argentina, lo que pone al país entre los primeros demandados.
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