Tras un litigio de 8 años y medio que recrudeció con la re estatización de la ex Obras Sanitarias Mendoza, finalmente el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) que depende del Banco Mundial, falló en contra el Estado argentino en la causa iniciada por Saur International, el grupo francés que fue concesionario de la empresa hasta su intervención en 2010.

El laudo considera que no se pagó una indemnización adecuada a Saur por la re estatización y fija el contexto en el que la Provincia llevará a juicio a la multinacional por más de $ 450 millones en concepto de daños y perjuicios, además de sentar precedente en otros conflictos que involucran a Mendoza, como el de Repsol por la expropiación de YPF.

La resolución excluye a 5 de 6 causales citadas por Saur en su demanda, pero se apoya en una “expropiación sin contraparte”, a pesar de que en su momento el Gobierno de Mendoza argumentó falta de inversiones e incumplimiento de contrato de la empresa francesa desde 1998. El caso es uno de los 54 que acumula Argentina.

El tribunal tripartito se constituyó en setiembre de 2004 para analizar un reclamo presentado en enero de unos U$S 143,9 millones. Para el estudio patrocinante de los franceses, Shearman & Sterling, el congelamiento de tarifas producto de la crisis económica de 2001, junto al no otorgamiento de los ajustes comprometidos por los gobiernos sucesivos en los años siguientes, la falta de actualización catastral de los inmuebles y la “imposibilidad del Gobierno de concluir un acuerdo de renegociación” fueron causales suficientes, pese a la firma de un acta-entendimiento en 2007 por deudas cruzadas en el que Saur se comprometía a ejecutar obras de mejoramiento atrasadas.

Ahora, la Procuración del Tesoro de la Nación, con información brindada por el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), prepara una apelación al fallo, de no prosperar el trabajo de una comisión de 3 peritos que debe determinar el “quantum” (monto actualizado a pagar) para la ex accionista de OSM, luego de descartar el efecto de la pesificación de 2002. Según Javier Montoro, presidente del EPAS “la Procuración, cuestiona la competencia del Ciadi y defiende la admisibilidad del reclamo, pero en la Justicia nacional. Si no hay acuerdo sobre el quantum, entonces se apelará”.

Un dato: de 234 causas arbitradas contra Estados nacionales, Ciadi falló en 232 a favor de operadores multinacionales. Otro: el belga Bernard Hanotiau es juez y parte, como directivo de Saur, lo que también podría cuestionarse.

“Fue un caso de estrangulamiento. Primero se congeló la tarifa; luego no se concedieron ajustes acordados y, finalmente, se le reprochó falta de inversión, se la intervino (en 2010) y se la estatizó", señaló el abogado Fernando Mantilla al conocerse el dictamen que apunta a la jurisdicción y responsabilidad del Ciadi. Desde el Ejecutivo lo califican de “insólito” y señalan que “apuntar a la expropiación es justificar los abusos cometidos”.

La hora del juicio

Aunque se intente desligarlo del laudo del Ciadi, en una semana se interpondrá una demanda por $ 452 millones ante la Justicia provincial contra Saur por daños y perjuicios por incumplimiento contractual y daño ambiental, en base a casos de contaminación de agua potable por falta de mantenimiento de redes. “No es la única causa; habrá que sumar las de Irrigación y AFIP, entre otras obligaciones que registran incumplimiento”, explican desde la Asesoría de Gobierno, que trabaja en la ingeniería de la presentación hace casi un año.

El monto contempla actualizaciones desde 2007, cuando el gobierno de Julio Cobos suscribió la segunda de 2 cartas-entendimiento, que contemplaba el inconcluso POE (Plan de Obras de Expansión). Parte de las pruebas reunidas del período de concesión 2008-2010 por el EPAS y funcionarios del Ejecutivo intentarán demostrar que varios ejecutivos de Saur cobraban facturas mensuales superiores a los $ 400 mil desde 2005. Se habla de “evidencias incuestionables, identificadas y cuantificadas” por las distintas auditorías contables y técnicas encomendadas en su momento a la UNCuyo y la UTN.

“Ellos tendrán que venir con el laudo para que se les pague y nosotros los estaremos esperando con varias facturas para cobrarles”, anticipan desde la Asesoría.

Cabe recordar que las causas ante el tribunal del Banco Mundial que funciona en Washington ya puso a Argentina al borde de un conflicto diplomático con Estados Unidos, luego de reclamar que se hiciera cargo de U$S 300 millones por dos fallos pendientes de liquidación que ya acumula en contra.

El sometimiento o no al fuero del Ciadi ahora está en el centro de las críticas. Fuera de cualquier resolución de la causa por la ex OSM, y si bien depende de la Procuración del Tesoro de la Nación como representante del país ante el órgano que entiende en los litigios dentro de la entidad financiera, la salida de Argentina es una opción. Si termina el vínculo, no tendrá efecto suspensivo para los casos pendientes.