Jueves 16 de febrero. A primera hora de la mañana, personal de la Subsecretaría de Trabajo, de Derechos Humanos, AFIP y Migraciones sale a Santa Rosa. Durante la inspección de un finca perteneciente a la empresa Gypsies SA, los inspectores encuentran trabajo infantil y la presencia de casi medio centenar de personas en una casa que no cumplía con los requerimientos mínimos, además de 20 niños en pésimas condiciones de higiene y seguridad. Esta postal no es tan anormal como puede parecer.

De cada cuatro inspecciones que se realizan, una termina con infracciones, ya sea por trabajo infantil o por tener personas desempeñando actividades laborales en condiciones infrahumanas.

En algunos de esos casos, los empresarios acaban denunciados ante la Justicia Penal; no obstante, ninguno de ellos ha quedado detenido a lo largo del tiempo, explicaron desde la Justicia federal.

CASOS TESTIGO. Entre el 2008 y el primer mes del 2011, la Subsecretaría de Trabajo encontró 56 emprendimientos en los que había 138 niños trabajando. Algunos de esos casos terminaron en la Justicia federal, un ejemplo es el de la empresa Sanes SA, en Maipú, que tuvo su capítulo en enero del año pasado.

A fines de ese mes, el cuerpo de una niña de seis años apareció en uno de los piletones de agua de la finca, y un día después llegó una denuncia anónima a la Subsecretaría de Trabajo, que decidió hacer una inspección. En la visita a la finca se encontró a 21 trabajadores temporarios que vivían en situaciones deplorables –además de falta de higiene y seguridad– pero se presumía que había más de cien, ya que, en un primer momento, los inspectores no pudieron ingresar, lo que derivó en una denuncia penal por desobediencia.

El jueves, los inspectores salieron a la calle y fueron a Santa Rosa. Allí hay una finca perteneciente a Gypsies SA, cuyo fundador es Eduardo Félix Llaver y es administrada por su hijo Eduardo. En esa finca se encontró trabajando a un niño de 12 años, tres de 15 y cinco de entre 16 y 17 años sin autorización.

Además, había un bebé de 9 meses y dos niños de 2 y 5 años que acompañaban a sus padres en las hileras de viñedos mientras ellos cosechaban. Asimismo, la empresa, que ya cuenta con antecedentes por infracciones anteriores, hacía permanecer a 45 personas en una pequeña casa que no poseía agua potable, no tenían servicio médico, ni electricidad y los baños dejaban mucho que desear. Además, los inspectores se encontraron con 20 niños en un galpón con mínimas condiciones de higiene y seguridad. Por último, tuvieron conocimiento de que a cada trabajador se le pagaba a 2,50 pesos el tacho, cuando el precio establecido es de cuatro pesos. Todo esto derivó en que, el viernes, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y el director de Promoción de DDHH, Rubén Cuello, introdujeran una denuncia en la Justicia federal contra los empresarios por "trata laboral", un delito con muy poca jurisprudencia, explicó Ubaldini.

EMPRESARIOS LIBRES. La denuncia hecha por el Gobierno provincial forma parte del plan ideado para tratar casos de trabajo infantil y esclavo. Por un lado, la Subsecretaría de Trabajo se encarga de labrar las infracciones, pero es la Derechos Humanos la responsable de denunciar, seguir las investigaciones y aportar pruebas, en caso de tenerlas.

"Esto se hacía; en algunos casos acompañábamos a los denunciantes, pero esta vez nos presentamos nosotros como denunciantes", explicó Ubaldini, quien resaltó que en cada caso que lo amerite se presentará una denuncia ante la Justicia federal, en lo que representa una política de Estado, cuya idea es trabajar junto con todos los organismos en una especie de red coordinada. Para Sandra Varela, consultora de la OEA y de la OIT y ex subsecretaria de Trabajo, es clave "que la Justicia comience a actuar de oficio. Eso sería un cambio importante, más allá de las presentaciones posteriores.

Entender que ahí hay un delito". En tanto, el fiscal federal Fernando Alcaraz –encargado de llevar adelante la investigación por el caso de Santa Rosa– y quien ha tenido a su cargo gran parte de las denuncias, especificó que en la provincia no se han producido detenciones de empresarios, sino que han ocurrido indagatorias y, en algunos casos, las denuncias han sido archivadas, como el de un empresario de Tupungato que fue denunciado el año pasado. "A nivel nacional sí han ocurrido detenciones, por ejemplo en talleres textiles", explicó Alcaraz. No obstante, el fiscal resaltó que esto es así en caso de empresarios que utilizan personas en beneficio propio y agregó que en la provincia existe un caso que llegará a juicio en marzo, en el cual, el acusado no es un empresario sino un padre.

Se trata de un hombre que hacía trabajar a sus hijos, entre ellos una niña de 10 años, para su propio beneficio. El sujeto también está acusado por trata laboral y podría recibir un mínimo de cuatro años de prisión, a lo que hay que sumarle los agravantes, en caso de que el tribunal que lleve adelante el debate lo considere así en la sentencia.

En ese sentido, la directora de Empleo, Dora Balada, explicó que esto se debe a que es muy complicado probar, en el caso de los trabajadores rurales, que existe "privación de la libertad y retención de documentos" y agregó: "No es por falta de voluntad, sino que es una seria dificultad de constatación". Según Balada, 25 por ciento de las inspecciones deriva en infracciones y multas por la Subsecretaría de Trabajo y en los dos últimos meses han ocurrido dos casos con denuncias penales.

La primera de ellas se debió por el ataque a dos trabajadores de prensa que habían ingresado a una finca de Los Corralitos por una denuncia sobre "trata laboral" y el segundo, tras la inspección hecha la semana pasada en Santa Rosa.

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Un legislador pidió que se den a conocer las empresas sancionadas por los medios

El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Gustavo Arenas, presentó un pedido de informes para que la Subsecretaría de Trabajo dé a conocer las empresas a las que se sancionó con la quita de "beneficios fiscales, impositivos, económicos, financieros o de cualquier otra índole otorgados o a otorgar por la Provincia" desde que rige la ley provincial Nº8.374, que permite sancionar al empleador que cuente con antecedentes en el Registro de Infractores Laborales.

Este pedido de Arenas se debió a la inspección realizada por la Subsecretaría de Trabajo durante la semana pasada. Asimismo, el legislador pretende que el Gobierno provincial dé a conocer la lista a través de los medios gráficos, para que regularicen la situación de las personas tras recibir una condena social por parte de la ciudadanía mendocina.