El año pasado, de las 9 muertes de madres registradas en total, una fue consecuencia de un aborto clandestino. Si bien los números provinciales de 2009 no representan la primera causa de fallecimiento de las mujeres, en otros distritos del país los datos son apabullantes. Por ejemplo, en Jujuy cada 100.000 interrupciones del embarazo, se contabilizaron 377 defunciones femeninas entre 1998 y 2007. Mientras que aquí, se calcula que en el mismo período murieron cerca de 30 mujeres por cada 100.000 abortos.

Las cifras sobre mortalidad materna se han convertido en la principal bandera que levantan los organismos y legisladores que impulsan las modificaciones en el Código Penal para lograr la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de gestación y la prestación del servicio de efectores públicos y privados. Pero la discusión del proyecto que se dará en las próximas semanas en el Congreso de la Nación incluirá también la postura de la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad que se oponen a la universalización de cualquier práctica que “atente contra la vida humana”.

Corregir desigualdades

En este contexto, el tratamiento de la ley parece sumar muchas voces que apuntan que hay más muertes en los sectores más vulnerables de la población como consecuencia de prácticas abortivas realizadas en la clandestinidad.

“El nivel socioeconómico de la mujer determina riesgos ante el aborto”, indicó Carlos Cardello, ex titular de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, quien además fue el encargado de relevar los datos sobre aborto de todo el país entre 1998 y 2007.

Para graficar su argumento, el médico explicó que “si la mortalidad por aborto en Jujuy alcanzó a 377 defunciones cada 100 mil abortos y en la ciudad de Buenos Aires fue de 7,9 cada 100 mil abortos, el riesgo de morir por un aborto es casi 50 veces mayor en Jujuy que en Capital Federal. Esta es la mayor inequidad existente en indicadores de salud”.

Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud considera que en condiciones seguras debería haber una sola muerte cada 100.000 abortos.

La titular del Programa Provincial de Salud Reproductiva, Alicia de Motta, admitió que “el aborto es una de las situaciones de mayor inequidad”. Aunque agregó que “hay muchas más chances de no llegar a un aborto si se fortalecen las instancias de prevención, como la salud reproductiva”.

Mendoza fue uno de los primeros distritos del país en tener un programa de planificación familiar, que comenzó a funcionar en el \\\'98 y que es gratuito.

Pero no todas las instancias de prevención de un embarazo no deseado están en funcionamiento. Precisamente uno de los principales argumentos que esgrimen los defensores de la despenalización del aborto es que “si bien ya hay dos leyes nacionales muy buenas sobre salud reproductiva y educación sexual, en la mayoría de los distritos no se implementan por presiones de la Iglesia”, tal como analizó ante este diario Cecilia Merchán, diputada nacional de Libres del Sur, quien además es una de las autoras del proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de la Nación.

En nuestra provincia, la educación sexual obligatoria no comenzó todavía de manera integral. Si bien ya pasaron tres años desde la entrada en vigencia de la normativa nacional, en abril empezó tibiamente en las escuelas secundarias y aún no hay fecha para el inicio de talleres en la primaria.

De la calle al Parlamento

Según el Ministerio de Salud provincial, durante 2009 en Mendoza hubo 2,6 muertes maternas cada 10.000 nacidos vivos, cuando en la Nación la relación fue de 4,5 fallecimientos cada 10.000 bebés que nacieron, detalló Motta.

Más allá de los números, el problema más grave que enfrenta el Estado en esta problemática es el impedimento de llevar una medición real de las consecuencias que provocan los abortos en las mujeres, pues “se calcula que hay un subregistro del 40% en todo el país”, evaluó Cardello (ver aparte).

En este contexto el debate en el Congreso de la Nación comenzó al menos en una comisión (ver aparte) y muchos creen que es el primer paso para que la discusión deje las calles y llegue al Parlamento.

Los datos que quedan fuera de los registros

Uno de los obstáculos más graves que enfrenta la salud pública es que hay un gran número de mujeres que quedan fuera de los registros. A nivel nacional, por ejemplo, se calcula que hay un subregistro del 40porciento. Mientras que en Mendoza, las autoridades aseguran que “no existen datos que queden sin registrar”.

Carlos Cardello, ex titular de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y encargado de relevar los datos sobre aborto de todo el país entre 1998 y 2007, afirmó que “en la última década el subregistro fue del 40porciento aproximadamente, pero en los últimos tres años tendió a disminuir”.

En ese contexto, el médico aseguró que “en la revisión de la década se registraron 2.967 defunciones maternas en todo el país, pero las cifras reales rondarían las 4.500 defunciones”.

Sin embargo, Susana Bresca, directora de Maternidad e Infancia de la provincia, indicó que “ en Mendoza el porcentaje de datos que queda sin registrar es ínfimo”.

En esa línea, la funcionaria agregó que “en la mayoría de los casos las mujeres que atravesaron por una situación de aborto quedaron en los registros de los efectores públicos”.

El proyecto que ya se discute en comisiones

El proyecto de ley que busca la despenalización del aborto está actualmente en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación y lleva la firma de 50 legisladores. Ese organismo deberá emitir un dictamen, pero el texto también tendrá que pasar por las comisiones de Familia y de Salud.

Si bien hace varios años que agrupaciones y legisladores de diferentes partidos impulsan la modificación de los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código Penal, que son los que fijan penas sobre las prácticas abortivas, esta es la primera vez que un texto llega al orden de prioridades de una comisión del Congreso nacional.

Sólo en la Cámara de Diputados hay al menos 11 proyectos diferentes con estado parlamentario, presentados entre 2008 y marzo de este año.

Mientras, en el Senado nacional hay cinco proyectos sobre la problemática del aborto, también con estado parlamentario.

Precisamente, en la Cámara Alta se aprestan a debatir por estos días –quizás antes de que el texto que legaliza el aborto se apruebe en Diputados– una ampliación de lo contemplado en el artículo 86 del Código Penal, que no considera un delito la interrupción del embarazo en casos de que corra peligro la vida de la madre o cuando sea como fruto de la violación de una mujer demente o idiota.

Los legisladores que impulsan las modificaciones confían en que “es histórico que esté en las prioridades de una comisión”, tal como consideró Merchán.