Meganimería contaminante: la seguridad jurídica es para el pueblo

Sabido es que la Cámara, por razones obvias, ha impulsado todos lo proyectos megamineros contaminantes.

Y que estos han sido frenados por la resistencia social generalizada. No solo de los sectores ambientalistas. Que sin duda han jugado un papel fundamental. Pero acotarlo a ellos, constituye una táctica orientada a la minimización de un movimiento generalizado que integran todos los sectores sociales. Incluido empresariales de la ciudad y el campo.

Sabido es también que las cúpulas de los partidos tradicionales, justicialistas, radicales y demócratas, apostaron todo a tal perspectiva. Y que la posibilidad de un resultado electoral adverso los llevo a tirar “el tablero por el aire”.

Lo cierto es que en lo legal, el cumplimiento de la legislación provincial en vigencia, que no comparte este sector, y en particular el de la Legislatura, fue lo determinante para detener los propósitos de saqueo y contaminación. Los grupos extranjeros interesados en nuestros recursos naturales, aliados a algunos locales no muy nacionales, ni muy democráticos, ni muy federales, a consecuencia de la vigencia de legislación menemista apoyada en su momento por Kirchner y por los Radicales, (Angeloz entre otros), avanzaron todo lo que pudieron. Y seguirán, de otro modo y en otro momento, tratando de implementar sus objetivos.

Parte de la estrategia, es convencernos. Y esperaran momentos más propicios. Ya lo intentaron a través de la anterior Directora de Minería. Sin éxito. Continuaran. En lo legal esperan éxito judicial con su presentación ante la Corte.

De nuestra parte se impone afirmar;

La seguridad jurídica también es para el pueblo. No solo para los que no reconocen otro norte que el de la ganancia a cualquier costo. Y en Mendoza se ha cumplimentado. A disgusto de los mencionados.

La defensa de nuestros recursos naturales y la vigencia del federalismo, nada tienen que ver con la legislación menemista del 90. A la que adhirió Iglesias siendo Gobernador. En la medida que no se derogue, no hay seguridad jurídica para la ciudadanía. Aunque formalmente reúna requisitos de formalidad. Y consecuentemente, la resistencia al saqueo, a la contaminación y a la afectación del agua continuará. Hagan lo que hagan. Por mas debates que quieran hacer. A los que no nos oponemos. Al contrario. Pero con una certidumbre. Ya se realizo. Las cosas están muy claras: Se quieren llevar todo a cambio de nada. Y encima, envenenarnos.

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