Lo indicó el gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Damián Altgelt, quien señaló que todo el conflicto social suscitado se debió a la “desinformación” y “falta de un debate serio”. Recalcó que el nivel de contaminación es “nulo” y ponderó los beneficios económicos que otorga la actividad.
En esta ocasión, la voz cantante la tuvo el gerente general de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Damián Altgelt, para quien, el conflicto suscitado está llegando a una "instancia que se asemeja a un diálogo de sordos. Se dice mucho de un lado y de otro, pero falta un punto de encuentro. Un debate en serio debe darse con el llamado a los especialistas y los que verdaderamente saben de cada uno de estos temas para que salgan a decir cómo se usa cada una de las cosas y cuál es el impacto que tiene. Que venga gente con conocimiento de la experiencia internacional, porque hay muchos países que trabajan con minería y en ninguno de ellos se dio esto que aquí se dice y denuncia", adujo.
Para justificar estas definiciones, el empresario consignó que la minería de esta envergadura a nivel nacional es relativamente reciente, por lo que se carece de información adecuada al momento de emitir las respectivas opiniones que denostan la actividad. Así, sostuvo que "la gente aún no termina de tener en claro de qué se trata todo esto", al tiempo de alegar que "el sector (firmas que explotan los yacimientos), en su momento, no ha sabido salir a explicar, y si lo hizo, no lo ha hecho apropiadamente".
Como corolario de su tesis, Altgelt indicó que "toda esta desinformación trae como consecuencia mala información, y por lo tanto, muchas personas pasan a decir cosas que son absolutamente falsas". Al respecto, estimó importante poder determinar la diferencia que se establece entre los conceptos de impacto ambiental y contaminación. "Hay muchos ejemplos a nivel mundial de que se puede tener minería de manera limpia, segura y sustentable. Estamos convencidos que la minería debiera ser uno de los tres o cuatro motores de la transformación económica del país", aseveró.
Como una forma de complementar la postura adquirida, el referente del sector afirmó que "la minería tiene evidentemente un impacto ambiental, eso nadie lo puede discutir, pero ahora, de allí a que contamine, hay un mundo de separación. Impacto ambiental es absoluto, contaminación es otra cosa, es nula".
El titular de CAEM echó por tierra las denuncias, no sólo efectuadas por parte de poblaciones que se ven afectadas por los efectos negativos de la exploración minera, sino además las propias pericias realizadas por organismos oficiales como Gendarmería nacional, donde se determinó la presencia de metales pesados arrojados por minera La Alumbrera en caudales hidrológicos de Tucumán (a través de pérdidas registradas en el mineraloducto que se extiende desde Catamarca hasta nuestra provincia), que a su vez, son tributarios de la Cuenca Salí-Dulce.
"Denuncias puede haber muchas, comprobaciones no hay ninguna. No hay casos de contaminación ambiental por minería en Argentina. Se habla mucho del cianuro de La Alumbrera, pero esta empresa no utiliza el cianuro. Se dicen muchas cosas que no son ciertas para nada", precisó Altgelt.
Efectos económicos
Con una insistente conceptualización sobre los estándares de seguridad que tendría la industria en cuestión, el empresario volvió a remarcar que "la minería moderna presente en Argentina trabaja con absoluto control del impacto en la salud de los trabajadores y en la de las poblaciones aledañas. Existen numerosos estudios que sostienen esto, tanto desde el campo público como privado. La inexistencia de eventos dañosos es la más cabal prueba de ello".
Al momento de caracterizar los aspectos referidos a la posible importancia económica que depara la minería en las arcas del Estado nacional, Altgelt indicó que "no creemos que la Argentina vaya a ser un país minero, pero si aspiramos que sea un país con minería. Chile en 2011 tuvo exportaciones en minería en el orden de los 54.000 millones de dólares, nosotros llegamos a los 5.000 millones. Hay un espacio 10 veces para crecer en minería, si desde el lado chileno lo hay, uno debería creer que desde el lado argentino también. La potencialidad que tiene la Argentina de crecer a partir de la minería es gigantesca".
Otra de las críticas que se abaten sobre los yacimientos se relaciona con los beneficios impositivos otorgados para desarrollar su producción. Aspecto que también fue descartado al detallar que "nuestro sector tiene una presión fiscal muy importante en el orden del 52 por ciento de su renta, en tanto que el 70 por ciento de su facturación queda en el país, contra lo que se dice que va todo para afuera".
A modo de ejemplificar los aportes que concretaría la minería para el desarrollo económico del país, Altgelt postuló que "esto sucede a través del pago de impuestos y contribuciones a nivel nacional, provincial y municipal (que en conjunto en el año 2011 estuvo en el orden de los 7 mil millones de pesos); la generación de empleo; el aumento de las exportaciones; la creación de una importante red de proveedores locales que ya ha comenzado a competir internacionalmente; el desarrollo de infraestructura, y, por último, un volumen de inversiones previstas para los próximos años de más de 20 mil millones de dólares”, señaló.
Repudio en Tucumán
Hacia fines de la semana que pasó se realizó una masiva marcha en la provincia por parte de organizaciones sociales, ambientales y políticas que repudiaron la megaminería como así también las regalías que recibe la UNT por parte de YMAD. Durante el acto, se destacó la lectura del documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas, y la palabra de la cacique María Lilia Delgado (Comunidad Diaguita de Colalao del Valle), quien dirigió su palabra al gobierno provincial y nacional, resaltando que "no se consulta a las autoridades ancestrales de las decisiones que se tomarán sobre el territorio".
También expresó que "los políticos deben obedecer el mandato de los pueblos, que defienden la vida y el agua". Además, se repudió a nivel nacional la utilización de la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta, y para encarcelar a los asambleístas de los diferentes bloqueos.
“La temática debe constituir una política de Estado”
Durante la reunión anual de los Obispos del Noroeste Argentino (NOA), que se llevó a cabo en la ciudad de Santa María, perteneciente a la Prelatura de Cafayate se analizó la situación de "tensión social y violencia" acaecida a partir de los reclamos para erradicar la actividad megaminera en el país.
Al respecto, los obispos detallaron en un documento que la cuestión planteada "debe ser esclarecida por quienes tienen el conocimiento técnico y científico, no involucrados con los sectores interesados", al tiempo de instar a llevar a cabo el debate que ello supone, a partir de un "diálogo veraz y sincero".
Asimismo, solicitaron que el Estado nacional asuma las funciones que le compete, por lo que trazaron una serie de considerandos para el cumplimiento de tal fin, como ser:
4 Asegurar desde el principio la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas por dichas inversiones;
4 Supervisar las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos económicos y la salubridad de los procesos de extracción;
4 Garantizar una provechosa participación de los pueblos en la distribución de los beneficios y la trasparencia económica de estos emprendimientos;
4 Velar por los legítimos intereses del Estado nacional y de las provincias.
4 Revisar la legislación, actualizar sus contenidos en función de los cambios que se han operado en la realidad, e informar convenientemente a la población para que conozca el desarrollo de esta temática que debe constituir política de Estado.
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