La megalicitación para la construcción de 1.300 nuevas viviendas lanzada por el gobierno provincial puso una vez más sobre el tapete el esquema de poder y negocios vigentes en la materia desde hace mucho tiempo en la provincia. Un esquema cuya autoría el justicialismo, cuando era oposición, le adjudicaba al entonces gobierno del Frente Cívico, y que, según esas imputaciones, tenían como finalidad favorecer a empresas con las cuales había un acuerdo previo.

Sin embargo, el nuevo gobierno parece recurrir a similar maniobra, si nos atenemos a la operatoria convocada por el Instituto Provincial de la Vivienda para la construcción de 1.300 unidades habitacionales en distintos puntos de las provincias por un monto que supera los 211 millones de pesos.

Las sospechas respecto de la transparencia del proceso se originan en lo exiguo del plazo –15 días hábiles- con el que cuentan las empresas para reunir una serie de requisitos, que en condiciones normales demandarían un lapso mucho más prolongado que el que media entre la fecha en que comenzaron a venderse los pliegos y la apertura de las ofertas, el próximo martes.

Para participar de la licitación, las empresas tienen que presentar la constancia de adquisición del pliego, declaración jurada, designación del representante técnico, constancia de garantía de oferta, certificado de habilitación y capacidad expedido por el Registro de Constructores; constancia de inscripción en la AFIP; constancia de pago de impuestos, certificado de Inspección Laboral que acredite que la empresa no tiene deudas laborales, inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción –IERIC- y los antecedentes de la empresa,

En el sobre Nº 2 se incorporará la documentación referida al terreno que se propone. En el caso de que el oferente sea propietario del terreno: Título de propiedad autenticado, compromiso de cesión del dominio al IPV, certificado de Dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmobiliaria. En el caso de que el oferente no sea propietario del terreno deberá presentar título de propiedad autenticado, compromiso de venta por parte del propietario, con certificación de firmas, compromiso de cesión del dominio al IPV. También se incorpora toda la planimetría y una memoria descriptiva.

En el último sobre se presentará la oferta económica de la empresa, que no podrá superar al presupuesto oficial pero tampoco podrá ser muy baja en relación con el precio tope.

Sin transparencia

Tal situación hace presuponer que, en realidad, contrariando el espíritu de transparencia que debería animar a todo proceso licitatorio, las firmas conocen de antemano los requisitos exigidos e incluso que han tenido contactos previos con las autoridades encargadas de llevar adelante el proceso. Tales contactos, al cabo de un tiempo, fueron reconocidos tanto por el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, como por el titular de la Cámara de Construcción, Víctor Núñez.

El acuerdo no se limitaría sólo a adelantar los requisitos y las condiciones exigidas en el proceso licitatorio, sino también a establecer un reparto de los complejos habitacionales que construiría cada firma. Obra en poder de este diario una planilla en la que se grafica qué obra haría, según este supuesto acuerdo previo, cada una de las empresas intervinientes en el proceso.

Para abonar aún más el estado de sospecha existente, el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, acaba de confirmar que hasta el viernes pasado se vendieron 39 pliegos para participar de la licitación. Casualmente, o no, la cantidad de pliegos vendidos con la cantidad de licitaciones organizadas por el IPV.

El acuerdo entre la Secretaría de la Vivienda y algunas empresas, además de ser contrario a las reglas del juego que plantean las licitaciones, deja afuera a otras empresas que no participan de “la mesa chica” de este consenso previo. Como sucedía durante el período en el que ejercía el poder el Frente Cívico y Social, el paquete de obras ya está predestinado a ciertas empresas.

El antecedente más polémico en la materia fue otra megalicitación, de similares características, impulsada el año pasado por el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral.