Los letrados presentarían la solicitud al Tribunal Oral Federal debido a que habrían recibido amenazas.Megacausa aguardan que abogados de la querella soliciten seguridad para testigos
En la causa se busca ventilar y determinar los responsables de 44 casos de secuestros, torturas y homicidios (desapariciones), comienza su segunda semana con los testimonios de víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado y de familiares de víctimas.
Fuentes judiciales confiaron a EL LIBERAL que la solicitud se debería a que ‘algunos familiares y testigos habrían recibido amenazas, lo cual hace peligrar su integridad física; de tal modo se ultiman detalles para que los abogados realicen este petitorio’.
En ese marco, la presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres, sostuvo que “desde nuestro organismo seguimos con preocupación y manifestamos nuestro interés de que si es necesario también se disponga de seguridad para los imputados, a los fines de que cuenten todo lo que saben”.
La militante de derechos humanos indicó en tal sentido que “nosotros sabemos que ellos saben más de lo que cuentan, por eso les pedimos que si necesitan seguridad nos avisen, pero que por favor cuenten todo lo que saben”.
Reconocimiento
Por otra parte, durante la jornada de ayer el ex policía Juan Bustamente, imputado en el proceso, realizó un reconocimiento al Ford Falcon verde cuyo secuestro ordenara.
Bustamante manifestó que no se trataba del auto al que había hecho mención durante su declaración, sino que “éste es más viejo, es modelo ‘69 y de faros redondos, estándar; el que yo hablaba, era más nuevo, 70 y pico, con faros cuadrados y deluxe”.
En las próximas dos semanas se tendría la información completa que solicitara el tribunal acerca de los datos del titular de la propiedad, así como también del vehículo.
La audiencia será retomada durante la jornada de hoy, para la que se encuentra prevista la declaración testimonial por parte de seis testigos.
Como se recordará, y debido a la complejidad, la Megacausa se estima que se extienda por el término de unos cincos meses aproximadamente.
Los familiares de las víctimas, desaparecidos y sobrevivientes, y organismos de derechos humanos esperan que se haga justicia con los integrantes del grupo de tareas local que sembró el terror en un sector de la sociedad santiagueña en los años 70. l
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