La Cámara Civil y Comercial extendió la medida cautelar a favor del Grupo Clarín, que le permite frenar la aplicación de la ley de Medios que obliga a vender parte del holding mediático.
A un día del 7-D, cuando vencía la cautelar, los jueces María Susana Najurieta y Franciso de las Carreras prorrogaron la medida a pedido de Clarín “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa, a fin de no alterar significativamente las circunstancias y asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo que habrá de recaer en los autos principales”, según fallo.
Así, los camaristas aseguraron el parecer de la Corte, que había recomendado celeridad que el demandante no se encuentre “privado de justicia”.
Conocida la medida, la presidenta de la Nación Cristina Fernández reunió en Olivos a sus principales colaboradores para analizar la estrategia a adoptar, antes del viaje que tenía previsto emprender a Brasil para participar en la Cumbre del Mercosur.
La Cámara rechazó las recusaciones a todos sus integrantes que el miércoles presentó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) al considerar que es el mismo planteo que había hecho la Jefatura de Gabinete y que había sido denegado esta semana, incluyendo una amonestación a la subprocuradora, María Inés Rossi, por haber recusado “sin expresión de causa” a la jueza María Susana Najurieta.
La resolución sobre la prórroga del amparo implica que sigue suspendido para el Grupo Clarín la aplicación del artículo 161 de la ley que establece la obligación de desinvertir los medios que no se adecúen a la norma.
De esta manera, y ya que no podrá haber desinversión de oficio, queda sin efecto el llamado 7-D, que era el plazo que había fijado la Corte Suprema para el fin de la cautelar y que el Gobierno nacional había presentado como la fecha de la puesta en marcha de la ley.
Ahora se abren distintas posibilidades judiciales para que el Gobierno objete la resolución, hasta llegar a la Corte Suprema. Pero, además, el juez de primera instancia que tiene la causa, Horacio Alfonso, debe resolver el fondo del juicio, que es si la ley es constitucional o no. Para eso, deberá esperar que se cumplan una serie de pasos procesales antes de estar en condiciones de hacerlo.
El juez Edmundo Carbone había otorgado la cautelar el 7 de diciembre de 2009 -dos meses después de sancionada la ley- que luego, en noviembre de 2010, fue confirmada por la Cámara y fijó un plazo de vigencia de 36 meses. En mayo pasado, la Corte ratificó la cautelar y le puso fecha límite el 7 de diciembre de este año.
“El levantamiento de la suspensión cautelar, cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional que han formulado contra la obligación de desinvertir, causaría un perjuicio irreparable pues frustaría los efectos de una eventual decisión futura, en la hipótesis de resultar ésta favorable a las pretensiones de las demandantes”, sostuvieron los camaristas.
El Grupo Clarín también pidió que se dicte una medida para que se converse su derecho sobre todas las licencias existentes de medios y para el Estado se abstenga de intervenir o despojarla y la Cámara rechazó ese planteo por “inaceptable” ya que lo debió hacer antes y sostuvo que la ampliación de la cautelar “resguarda adecuadamente las derechos de los actores”.
“Sin perjuicio de lo anterior, no hay que olvidar que no puede presumirse que la Administración obre ilegalmente afectando las licencias, señales vigentes y demás activos protegidos por la medida cautelar precedentemente ampliada. Una decisión en tal sentido podría ser considerada por parte de este tribunal como desobediencia”, advirtieron los jueces.
Los jueces explicaron que en la causa Clarín no tuvo “conductas abusivas, sino el regular ejercicio de sus derechos a dilucidar en un litigio judicial la eventual invalidez constitucional de las normas legales que se atacan”. El fallo fue dictado a un día del 7-D y en el marco de las recusaciones a todos los jueces de la Cámara que presentó el Gobierno en dos oportunidades, primero por Jefatura de Gabinete y luego por el Afsca.
“La Presidenta ahora es la única responsable”
Félix Loñ, profesor titular de la cátedra Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de La Plata, advirtió ayer que la presidenta Cristina Fernández es “ahora la única responsable” de que la extensión de la cautelar en la causa por la ley de Medios “no se transforme en una situación de extrema gravedad institucional”.
“Esperemos que el Gobierno se de cuenta de que está en juego la institucionalidad de la República. El desconocimiento (del fallo que extiende la cautelar) crearía una situación de extrema gravedad para el país. Y por eso la única responsable de que esto no pase es la Presidenta”, afirmó el abogado.
Tras enterarse de la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial, Loñ opinó que “es muy lógica” la resolución tomada y señaló que “lo más prudente era prorrogar la cautelar hasta que el juez de primera instancia” Horacio Alfonso “resuelva el fondo” de la cuestión.
Loñ también rechazó las afirmaciones de representantes del oficialismo que amenazaron con juicios políticos a los jueces que hicieran lugar al reclamo del Grupo Clarín, al señalar: “El Gobierno persiste en su actitud de ofender y agraviar al Poder Judicial en una actitud insólita y absurda”.
El Gobierno K recurre al “per saltum”
El ministro de Justicia, Julio Alak, adelantó que el Estado hoy va a apelar el fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial, que amplió la cautelar en beneficio del Grupo Clarín en la ley de Medios, y precisó que recurrirá al mecanismo “per saltum”, que permite hacerlo directamente a la Corte Suprema.
Al hablar por Canal 7, Alak dijo que el fallo de la Cámara “es absolutamente arbitrario”, y que “tiene groseras autocontradicciones”.
“Es una medida cautelar que calificamos de absurda. Se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras procesales, extender una cautelar por Clarín”, dijo Alak.
Agregó que “el objetivo (de los jueces) es muy claro: no interpretar el espíritu de desmonopolización de la ley, y no interpretar la voluntad popular cuando convalidó al Poder Ejecutivo y a la Presidenta”.
El ministro de Justicia afirmó: “Estamos trabajando para plantear mañana mismo la nulidad (del fallo de la Cámara). Lo hará la Jefatura de Gabinete de ministros por la parte del Estado, a través de un per saltum a la Corte Suprema de Justicia”.
El funcionario recordó que el máximo tribunal jurídico del país había dictaminado que mañana debían finalizar los alcances de las medidas cautelares y “resolver la cuestión de fondo” en el caso.
Alak sostuvo que el fallo de la Cámara “es absolutamente arbitrario” y que “tiene groseras contradicciones”.
“Es una medida cautelar que calificamos de absurda. Se confirmó lo que veníamos diciendo hace 23 meses, cuando advertíamos que un sector de la Cámara pretendía, con diversas maniobras pocesales, extender una cautelar por Clarín”, dijo.
Ricardo Alfonsín: “Era previsible”
El diputado radical Ricardo Alfonsín aseguró ayer que “era previsible” la prórroga de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín y cuestionó que “las presiones del Ejecutivo sobre la Justicia cambiaron el eje de la discusión” en el conflicto por la aplicación de la ley de Medios. “Por definición, una medida cautelar se dispone para preservar derechos hasta tanto se falle sobre la cuestión fondo, y no adelanta nada sobre la misma”, explicó Alfonsín. Y opinó que “era previsible, en consecuencia, que no estando resuelta la cuestión de fondo la medida cautelar fuera prorrogada”.
El diputado criticó además que “las presiones del Ejecutivo sobre la Justicia cambiaron el eje de la discusión”.
Los K siguen viendo fantasmas destituyentes
El dirigente del kirchnerista partido Miles, Luis D’Elía, acusó ayer a los jueces de la Cámara Civil y Comercial de formar parte de “la corporación mediocrática y la corporación judicial procesista que conspiran y confabulan contra la democracia”.
“Con este fallo queda demostrado quién manda desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha en el país, que es sin duda, el CEO del Grupo Clarín, el señor Héctor Magneto”, enfatizó D’Elía. Y lanzó críticas también sobre “el presidente de la Corte” Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti: “Habría que preguntarse si efectivamente Lorenzzetti estaba hoy (por ayer) en Estados Unidos, qué estaba haciendo”, ironizó el dirigente.





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