Cristina Kirchner considera que nadie la ayudó a ganar el 54 por ciento de votos y se siente dueña de ese poder. Por eso emprendió un ajuste de tarifas y subsidios, al que sus ministros bautizaron con un eufemismo: "Redireccionamiento". Ahora, acometerá contra los medios, ocultando el embate bajo la demanda de más "pluralismo". Una contradicción elemental: cuando se silencia a un medio o a un periodista, no hay más libertad, sino menos.

La prensa, claro está, no es un "enemigo", pero tampoco se espera que sea amiga o complaciente. Se supone que debe ser independiente o crítica. Quizá la Argentina esté perdiendo la noción misma de lo que es libertad de prensa.

Durante los últimos quince días, el Gobierno dio claras señales sobre su rumbo:

En un acto público, la Presidenta reclamó a los jueces que pongan fin a las medidas cautelares -confirmadas por cuatro cámaras federales del país- que suspendieron la aplicación del artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, una norma que obliga a los grupos a vender buena parte de sus canales y radios. En la Corte afirman que "no se sienten presionados" por los dichos de la mandataria. Pero si la Presidenta se animó a enviarles ese mensaje en forma pública, ¿qué es lo que no se animará a decirles en forma privada reservada, cuando llama a algunos de ellos por teléfono?

El Gobierno también mantendrá la embestida contra los diarios: incorporó en las sesiones extraordinarias un proyecto para regular el mercado del papel para diario, a pesar de que el artículo 32 de la Constitución dice que el Congreso no puede dictar leyes restrictivas de la libertad de prensa.

Los diarios argentinos consumen 225.000 toneladas anuales de papel: lo importan desde Chile, Estados Unidos o Europa, con arancel cero; lo compran en Papel Prensa -propiedad de LA NACION, Clarín y el Estado nacional- o en Papel de Tucumán. Con exceso de oferta, los precios bajan. Por eso, el nuevo proyecto de ley nunca podrá mejorar ese mercado, que funciona muy bien. Lo que persigue es controlar el suministro de papel, para asfixiar a los diarios.

Para lograr este objetivo, el Estado también pretende apoderarse de Papel Prensa: demandó a la firma ante los tribunales comerciales -la Cámara Comercial rechazó todos los planteos y debe pronunciarse la Corte- y la denunció en 15 causas penales.

El reparto de publicidad para favorecer a los medios amigos sigue a todo vapor: en 2011, Canal 9 absorbió el 43 por ciento de la pauta para TV abierta y se llega al 97 por ciento cuando se le suman Telefé y América, contra 0,5 por ciento para Canal Trece. En el reparto de la publicidad gráfica, Tiempo Argentino y Página 12 siguen siendo los principales beneficiarios.

Esta estrategia sofisticada le permitió al Gobierno fortalecer los medios públicos, cooptar a muchos privados y construir un discurso que, ahora, pretende ser excluyente..