La oposición, instituciones académicas y organizaciones sociales la calificaron de retroceso y pidieron mayor tiempo de discusión. El oficialismo defendió la iniciativa. Cuestionamientos al cordón policial
La oposición, instituciones académicas y organizaciones sociales dijeron que el proyecto legislativo implica un retroceso y reclamaron mayor tiempo de discusión.
El oficialismo defendió la iniciativa que se tratará el 15 de diciembre próximo en la Legislatura Unicameral.
La Uepc y la Iglesia expresaron su conformidad.
La audiencia pública arrancó a las 13. Hubo dos horas de retraso.
En diálogo con PUNTAL, la titular de la Comisión de Educación, Evelina Feraudo, negó que la nueva ley represente un retroceso.
“Nosotros hemos dado libertad de acción a todas las personas que se quieran anotar en estas audiencias. Estamos dispuestos a recibir todos los aportes, sean éstos negativos o positivos, para estudiarlos detenidamente”, dijo ayer la legisladora peronista.
-¿El oficialismo está dispuesto a introducir cambios surgidos de estas audiencias?
-Si hay que hacer algún agregado o alguna modificación lo vamos a hacer.
Con ella coincide la legisladora oficialista María Amelia Chiofalo: “Por el contrario, creemos que la nueva ley es un adelanto. Por ejemplo, subraya que la educación es un bien público y un derecho”.
Para Liliana Olivero, de la Izquierda Socialista, hay que postergar la nueva ley. “Es una norma que no tiene legitimidad social. Y estas audiencias públicas son un maquillaje. Estuvieron dieciocho meses y el Gobierno no se dio cuenta de que estuvieron ausentes los padres y los estudiantes”, dijo ayer a PUNTAL.
Y acotó: “Además, debo manifestar mi sorpresa por la fuerte presencia policial cuando debería haber absoluta libertad de expresión”.
Por su parte, la legisladora del Frente Progresista, Adela Coria, dijo ayer que “es un proyecto que tiene puntos controvertidos” como la religión opcional, “inciso éste que tiene que ser eliminado”.
Esmeralda Rodríguez, del Frente Cívico, señaló ayer que “estoy muy preocupada porque el anteproyecto de esta ley es institucionalmente ilegítimo”.
Federico Alonso, representante de la Escuela Líbero Pierini, dijo ayer a PUNTAL: “Nos hemos movilizado desde la toma de la Líbero Pierini. Decidimos quedar en asamblea permanente y venir hasta la Subsede de Gobierno a participar de la audiencia”.
Y añadió: “Nuestro pedido es que Córdoba frene su apuro (por la sanción de esta ley) y que se discuta durante uno, dos, tres meses o lo que haga falta. Que consensuemos una ley para todos. La educación debe ser laica y gratuita”.
En tanto, el titular del gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Jorge Adaro, sostuvo que “nosotros estamos en contra de toda ley que tiende a coartar las posibilidades de que todo el mundo pueda acceder a la educación”.
Y agregó: “Por ejemplo, el hecho de que empresas puedan sostener la institución educativa da pie a que se profundice la desigualdad y dista del derecho que nos asiste a ser educados”.
Por su parte, el titular del Circuito Centro de la UCR, Daniel Frangie, planteó una posición crítica: “Vemos que esta ley iguala la educación pública con la privada diferenciando solamente en relación con quién realiza la gestión”.
Y acotó: “En ese sentido, creemos que la nueva ley termina con lo poco que queda de la educación pública. Pensemos lo que va a pasar de acá a treinta años si esta ley se consolida. Esto significa un retroceso”.
A su turno, Raúl Rodríguez, del Partido Socialista, expresó: “Nosotros venimos a plantear que esta iniciativa del oficialismo no cuenta con la legitimidad necesaria para ser sancionada en el recinto legislativo en virtud de que no cuenta con el consenso social”.
Y agregó: “Esto es así porque no se han brindado las instancias necesarias de participación social”.
Por su parte, la secretaria académica de la Universidad Local, Silvia Nicoletti, si bien admitió que participó del Consejo Provincial de Políticas Educativas, que redactó la ley, dijo ayer que la casa de altos estudios está evaluando las distintas posiciones de las facultades para emitir un comunicado final.
“Entre los puntos observados se encuentra la posibilidad de que se abran nuevas universidades que se superpondrían con la oferta académica local”, señaló.
Oscar Olmedo, docente jubilado, sostuvo que “por mi experiencia de cuarenta años como maestro y profesor esperaba que fuera una ley superadora y, sin embargo, profundiza en temas ya discutidos como la confesionalidad”.
En ese sentido, consideró que “hay que separar el culto de la educación”.
En tanto, Marcelo Acevedo (Uatre) y Claudia Bruno (Renatre) expusieron en representación de los siete departamentos del sur de Córdoba que agrupan estas organizaciones.
“Estamos preocupados por el hecho de que la educación rural ofrezca todos los niveles a los hijos de los trabajadores rurales y de los empleadores para evitar el éxodo rural”, dijeron.
Y añadieron: “Además pedimos que el Estado incorpore transporte escolar para los alumnos”.
En cambio, la Iglesia coincide con la nueva ley. “El Consejo de Educación Católica de Córdoba participó en la redacción del anteproyecto de educación. Allí estuvieron representados todos los sectores. Nosotros venimos a aprovechar este espacio para volver a reafirmar algunos principios que para nosotros son inobjetables”, dijo ayer a PUNTAL el sacerdote Gustavo Juárez, titular de la Junta Diocesana para la Educación Católica.
Y añadió: “Al respecto, estamos de acuerdo con que los padres que no tienen posibilidad de mandar a sus hijos a una escuela confesional puedan reclamar también la formación religiosa en un espacio extracurricular”.
La Uepc, conforme
También la Uepc se manifestó a favor de la nueva ley. “Nosotros hemos participado en la elaboración del anteproyecto. Creemos que es una ley que resume los intereses de todos los sectores y reconoce a la educación como un derecho social”, señaló ayer a PUNTAL la titular del gremio docente, María Inés Castresana.
Y acotó: “Hay quienes ven riesgos que no están explicitados de esa manera en la ley. Uno de los temas es por qué no figura la palabra laica que data de los años sesenta. Nosotros creemos que hoy la educación está libre de dogmatismos”.
Las audiencias públicas seguirán. El 2 de diciembre se hará en San Francisco y el 6 de ese mes en Cruz del Eje.
En principio, la nueva ley de educación será tratada el 15 de diciembre.
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