La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para que la Dirección de Impacto Ambiental informe cuál es el estado del trámite de habilitación del proyecto San Jorge, que apunta a extraer cobre en la zona de Uspallata, y que desde hace poco más de un año y medio espera por el llamado a audiencia pública.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Roberto Blanco (PJ disidente), quien no sólo solicitó datos sobre el estado de avance del expediente, sino que además pidió información acerca de “los plazos vigentes actualmente y determinados por ley para la audiencia pública y la fecha de vencimiento para la presentación de dictámenes sectoriales según fue establecido por decreto”, en este caso, el Nº820, que data del 2006.

Esos plazos estipulados en su oportunidad ya se han vencido largamente.

El proyecto canadiense

La mina es propiedad de Coro Mining Corporation, una empresa pública canadiense que cotiza en bolsa y que está camino a convertirse en una productora de cobre de nivel medio a escala mundial y que tiene precisamente en el proyecto San Jorge su principal expectativa de negocios.

Ubicada a 42 kilómetros al norte de Uspallata, la empresa calcula extraer durante 16 años de explotación alrededor de 40.000 toneladas de cobre (y otro tanto de oro a modo de subproducto) con una inversión inicial de alrededor de U$S 277.000.000 de un cerro de no más de 100 metros de altura y que apenas alcanza a tener las dimensiones del Cerro de la Gloria.

La mina despertó una fuerte oposición de un grupo importante de vecinos de Uspallata que se oponen a su instalación por temor a la contaminación, principalmente, de las fuentes de agua.

En este contexto, el Gobierno demora el llamado a la audiencia pública y le aumentó la exigencia a la empresa para que presente más medidas ambientales.

Al estar prohibida la actividad metalífera a cielo abierto por la ley Nº7.772 –sancionada durante el gobierno de Julio Cobos–, que restringió los procesos de lixiviación con cianuro, los trabajos quedarán acotados a la extracción del mineral enriquecido y del sulfuro primario a través de un proceso conocido como de “flotación”. Y no se trabajará el óxido de cobre, que únicamente puede ser tratado con cianuro.

Ese óxido de cobre será acumulado en una “escombrera” y podría terminar en San Juan (a sólo 15 kilómetros del yacimiento), en donde sí están permitidos los procesos de lixiviación.

San Jorge es clave para determinar cuál será el futuro de la minería en la provincia. No es un secreto que, para este gobierno, la posible ida de los canadienses (podrían terminar extrayendo el metal en Mendoza para procesarlo en San Juan) significaría la caída definitiva de la provincia del mapa minero internacional.