El próximo 2 de agosto comenzará el juicio oral y público en el que aparecen acusados diez represores que actuaron en nuestra provincia durante la última dictadura. Todos ellos -tal como informó El Diario en su edición de ayer- fueron detenidos por personal de la Policía Federal, a raíz de la orden librada por el Tribunal Oral Federal que preside José Mario Tripputi y que integran Eugenio Krom, de Neuquén y Mario Armando Márquez, de General Roca.

Roberto Constantino, Roberto Fiorucci, Omar Aguilera, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Hugo Marenchino y Carlos Reinhart quedaron alojados en la Colonia Penal, Unidad 4, de Santa Rosa. A Fabio Iriart, por problemas de salud se le dictó la prisión domiciliaria. Y el ex coronel Néstor Greppi, único acusado residente en la Capital Federal, quedó alojado en la Unidad 28 de esa ciudad.

La abogada Salvay cuenta también con el respaldo del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos. En diálogo con El Diario recordó ayer que en su momento las dos querellas habían solicitado las detenciones; en su momento el tribunal lo consideró improcedente, pero ya más cerca del juicio accedió a la petición.

Dijo: “Las detenciones eran más que necesarias para otorgar garantías, seguridad y tranquilidad a las víctimas y al resto de los testigos; muchos habían manifestado intranquilidad y presiones. Creo que esta situación nos permite llegar en condiciones óptimas para llevar adelante un juicio con las mínimas garantías”.

- ¿Hay antecedentes de una medida de este tipo previa a un juicio en otro punto del país?

- La verdad es que no es una decisión fácil de tomar por parte de los tribunales. Es una medida importante tomada por el tribunal. Hay otros juicios en que ocurrió algo parecido, en La Plata, por ejemplo, con el caso de la Unidad 9; en otros como en San Rafael (Mendoza) los detuvieron una semana después de iniciado el juicio y en Santa Fe hay algunos en libertad. No es igual la situación en todos los lugares. En Santa Rosa insistíamos porque es una provincia particular: en La Pampa las ciudades son reducidas, no de grandes dimensiones, y el roce entre acusados y víctimas o testigos es casi a diario. Esa cotidianeidad puede hacer que algunos se sientan intimidados. Ese fue uno de los tantos motivos.

- ¿Qué piensa del cronograma de testigos que armó el tribunal?

- El cronograma de testigos se está trabajando, porque han surgido cambios para tratar de ajustarse a la realidad de cada una de las personas, y para garantizar que todos puedan venir; hay quienes viven afuera, algunos en lugares muy distantes, así que hay que trabajar de la mejor manera y en forma coordinada. No está firme el cronograma todavía, se rearmará la semana próxima seguramente.

- ¿Con qué expectativas aguardan el inicio del juicio?

- Sabiendo que el juicio lo llevamos adelante no sólo para lograr la máxima condena y la cárcel común para los imputados, sino para que la sociedad sienta que se le retribuye algo de lo que ha padecido. Tenemos que entender, como sociedad, la posibilidad histórica de enjuiciar a estas personas. Debemos ser concientes de que con la Justicia, desde lo jurídico, no basta. Tenemos que lograr la condena social. Hay que trabajar mucho. La condena social es tan importante como la jurídica. Y de las pruebas pueden surgir otras causas con más acusados.