Es por la suba del 5% que se aplicará en mayo. El pedido fue presentado por un caso y alcanza a todos los afiliados.
Esta cautelar se suma a otra resolución judicial que afectó a Swiss Medical y que se dictó hace poco más de un mes. En trámite, y a la espera de pronta resolución judicial, se encuentra otro freno que también podría interponerse a Cimesa.
En todos los casos, la solicitud fue realizada por un único usuario (tomado como caso testigo) en beneficio de todos los afiliados a dichas empresas.
Estas presentaciones contaron con el apoyo de la organización social Protectora, que asegura que estos incrementos son "ilegales, después de la ley de Regulación de las Prepagas N° 26.682;que fue reglamentada en diciembre de 2011".
A partir de dicha legislación, las subas deben respetar un mecanismo legal, en el cual la compañía se presenta ante el Ministerio de Salud de la Nación con una estructura de costos que justifique el pedido de suba en las cuotas.
Luego, este organismo pide el visto bueno de la Secretaría de Comercio de la Nación, quien aprueba o no el aumento mediante un dictamen vinculante.
En caso de ser positivo, a partir de la autorización, la prepaga debe comunicar en forma escrita a sus afiliados la suba con 30 días de antelación.
"Las empresas -señaló el abogado y presidente de Protectora, Mario Vadillo- están haciendo lobby y aumentan la cuota sin previa autorización". En este sentido, subrayó que esto es "ilegal y toman por la fuerza un ajuste torciendo el brazo de la ley".
"Es más -dijo- muchas prepagas han subido sus cuotas pero esto constituye un abuso de parte de la empresa". El letrado solicitó a otros afiliados de prepagas denunciar las subas, así se frenan los aumentos de las restantes empresas.
El texto de la nueva ley entiende que el Estado debe regular los aumentos. Antes, el régimen de prepaga era concebido como un contrato entre privados. Sin embargo, a la luz de esta nueva disposición, "el precio (costo del servicio/cuota) es fundamental en la contraprestación", indicó el jurista quien -además- señaló que la prestación implica "un pago por adelantado" y esto, ante cualquier contingencia, debe cubrir sin resistencia los servicios médicos abonados.
Los Andes intentó tener alguna respuesta de las prepagas cuestionadas pero resultó imposible. Desde una de ellas, un alto ejecutivo explicó que "aún no estaban al tanto de dicha resolución" y que "debía ser estudiada en profundidad por el departamento de Asuntos Legales" de la compañía.
Por su parte, el legislador provincial y vicepresidente de la Comisión de Salud de Diputados, Daniel Llaver (UCR), observó a título personal que "rechaza y repudia" estos aumentos en las prepagas por ilegales.
Aún así, declaró que el fondo de este conflicto radica en la misma política económica nacional. "La inflación -remarcó- afecta al consumidor y este efecto está oculto y hay que blanquearlo".
También aseguró que los aumentos aplazados deberán ser aplicados más adelante porque los costos, ante la escalada de precios, deben ajustarse.
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