Una de cal...

La Sala 1 de la Cámara de Casación se permitió intervenir en un incidente judicial que nació a partir del otorgamiento de un habeas corpus colectivo a detenidos en la Unidad 4, y lo hizo para garantizar los derechos de los internos allí alojados, luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca interpretara que los profesionales médicos que trabajan en el penal tienen en realidad responsabilidades muy parciales sobre los detenidos.

Sin que fuera ni siquiera planteado por alguna de las partes, la Cámara bahiense modificó la decisión de la jueza federal Iara Silvestre e interpretó que era una pretensión excesiva que los médicos revisaran como corresponde a los internos, al tiempo que también negó la posibilidad de que la Unidad 4 tuviera un móvil dedicado exclusivamente a los traslados sanitarios.

La disposición de la magistrada de Santa Rosa fue consecuencia de lo habitual que resultaba que internos que pedían atención médica finalmente aparecieran desechando la posibilidad de ver a los profesionales: nunca aparecía una explicación formal y oficial de las razones de esa imposibilidad, por lo que se abrió la puerta a la sospecha de que el propio Servicio Penitenciario estuviera usando excusas para que en realidad los detenidos no fueran atendidos.

Ante esa situación, la jueza consideró sensato obligar a los médicos -en los términos en que lo establecen las Reglas Mínimas de la Organización de Naciones Unidas- a verificar por sí mismos el estado de los detenidos, si era necesario acudiendo a sus lugares de alojamiento.

Después de que en Bahía se contradijo esa postura, la Cámara de Casación puso las cosas en su lugar: en primer término, advirtió a la Cámara bahiense que nadie se había agraviado por esos puntos del fallo, por lo que no correspondía intervenir; pero además reprochó que esa participación se concretó perjudicando derechos de los detenidos, lo cual resulta inadmisible.

En síntesis: Casación -con las firmas de Juan Carlos Gemignani, Ana María Figueroa y Luis María Cabral- respaldó lo actuado por la jueza Silvestre y confirmó que, efectivamente, los médicos deben verificar la situación de salud de los alojados en el penal, además de establecer como necesaria la incorporación de un vehículo destinado a traslados sanitarios, para que no se entorpezca esa tarea con el argumento de que hay viajes que deben hacerse por otros motivos.

Entre las curiosidades de la argumentación de la Cámara bahiense se incluyó la justificación de que los médicos, obligados a visitar los pabellones, podrían enfrentarse a algún riesgo, como si esa supuesta situación de inseguridad no fuera parte de las tareas que deben afrontar profesionalmente, y por las que además se les paga.

Organismos de la misma Justicia Federal fueron otra vez noticia durante la semana que se fue, al trascender que el fiscal de Cámara Alejandro Cantaro presentó un recurso en queja para evitar que el intendente de Lonquimay Luis Rogers zafe de culpas y cargos en la causa por el delito de trata de personas en que quedó involucrado, también junto al subcomisario Carlos Alanís.

Los funcionarios habían sido procesados por la jueza Silvestre, a pedido del fiscal Juan José Baric, pero en ese caso también la Cámara Federal de Bahía Blanca contradijo a la funcionaria y dictó la falta de mérito, utilizando además argumentos que podrían servir para que otras causas similares, que también involucran a personajes del poder político, queden en la nada.

...y una de arena

Las clausuras definitivas de una serie de geriátricos de Santa Rosa representan, por un lado, la voluntad política del Juzgado de Faltas Municipal de cumplir con sus funciones, aunque al mismo tiempo ponen en evidencia la recurrente manía de los propietarios de esos locales de incumplir las leyes, ordenanzas y normativas vigentes.

Las clausuras definitivas aplicadas sobre 8 de esos establecimientos, implican que antes fueron debidamente advertidos de que estaban incurriendo en algunas anomalías o irregularidades, que pueden ir desde cuestiones administrativas o arquitectónicas, hasta malos tratos más claros y concretos.

Resulta alarmante, y una demostración cabal de falta de solidaridad, que pululen con tanta presencia aprovechadores y oportunistas dispuestos a hacer un comercio ilegítimo con uno de los sectores sociales más vulnerables y vulnerados: esos adultos mayores, que en buena proporción no encuentran la atención merecida por parte de sus familias, terminan amontonados en este tipo de geriátricos donde reinan la negligencia y la desidia, por hacer las referencias más benévolas posibles.

Es obvio que una mirada que generalice absolutamente no tiene ningún sentido: así como hay centros en los que sus responsables no se preocupan por la salud y la contención de esos adultos mayores, hay otros en los que se les dispensa la mejor atención posible y se los trata, primero que nada, como lo que son, es decir seres humanos.

Pero es triste y doloroso que aun con el paso del tiempo, y pese a numerosas y variadas tareas de concientización, el afán de lucro se imponga de semejante modo, y además con la participación de profesionales médicos cuyas firmas son imprescindibles para el funcionamiento de estos centros.

El Estado tiene, desde ya, un papel que cumplir, y bienvenido sea que especialmente en el último año se hayan intensificado los controles y relevamientos en los geriátricos, apuntando incluso a aquellos que ni siquiera figuran en los registros oficiales, ausencia estratégica que les permite sortear las vigilancias más básicas y manejarse a su antojo.

Esa tarea coordinada de la Provincia y los municipios, sin embargo, no es suficiente si los propios actores de la problemática son incapaces de basar sus procederes en cuestiones éticas, o más precisamente priorizando lo humanitario.

Hay sectores que pueden y deben aportar especialmente a encontrar soluciones para esta problemática: las familias son, desde ya, un engranaje vital; está dicho que los médicos tienen un papel fundamental; y también es responsabilidad del Poder Judicial actuar de manera que los sistemáticos violadores de leyes y ordenanzas sientan el rigor y la severidad que les corresponde, puesto que se están ocupando de vidas humanas.

Tiempo atrás una muerte en uno de esos geriátricos causó un impacto de varias semanas y generó la sensación de que se estaba frente a un hecho que podía significar una bisagra, pero quizá sea necesario un accionar más contundente por parte del Poder Judicial, incluso para evitar episodios que se dieron en esta misma semana, en que -por ejemplo- la propietaria de un geriátrico les tomó el pelo a las autoridades, ocultó la identidad de los adultos alojados en el lugar y quitó las fajas de clausura tantas veces como se le ocurrió.