Los números, muchas veces, hablan. Y cuando se trata de un Estado, dan un panorama de la situación actual y colaboran para tomar decisiones. Sin embargo, en los últimos cuatro años y medio, Mendoza ha ido perdiendo la costumbre de medir. Esta semana, el gobernador Francisco Pérez confirmó que dejará de contabilizar la inflación, en clara alineación con la Nación. El ex gobernador Celso Jaque hizo lo mismo con los delitos y desde el comienzo de su gestión a fines de 2007, no se difunde ninguna encuesta oficial.

"Es una decisión política del Gobernador de la provincia. Creo que el secretario de Comercio (Guillermo Moreno) estará enterándose ahora", manifestó el Gobernador en una conferencia de prensa que dio el miércoles por la mañana. En ella, anunció que Mendoza, por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), dejará de relevar el índice de precios al consumidor (IPC) y aunque evitó involucrar a la Casa Rosada en esa determinación, dio muestras una vez más de su fidelidad a la Presidencia.

Es que desde que la Nación decidió intervenir el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), echando profesionales del organismo y reemplazándolos por otros que miden la inflación con resultados socialmente cuestionados, existe una tensión con la Provincia, específicamente con la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), que es el organismo estatal encargado de hacer mediciones económicas locales.

De hecho, en 2007 y pese a que el ex gobernador radical Julio Cobos también estaba encolumnado con Buenos Aires, la Provincia se rebeló y decidió mantener su propio índice de medición de la inflación. La DEIE, que entonces estaba a cargo de Patricia Giménez, mantuvo una postura independiente de la Nación. En diciembre de 2007 se produjo el cambio de gobierno de Cobos a Jaque y ese mismo mes Giménez fue reemplazada en la DEIE por la actual directora, María Inés Crisafulli.

El cambio de autoridades significó el fin del denominado "índice mendocino de inflación", pero dos años después, el ministro de Producción de Jaque, Raúl Mercau, decidió volver a relevar los índices locales. Hace unos días, Pérez dio marcha atrás.

Sin delitos

La historia del fin de las mediciones de los delitos por parte del Ministerio de Seguridad provincial comenzó con el spot de campaña que Jaque usó cuando era candidato a gobernador y que fue la causa principal de la poca popularidad que tuvo durante todo su gobierno. El justicialista había prometido "bajar el 30% de los delitos durante los primeros seis meses de gestión" y sólo bajó el 0,3%.

El 20 de enero de 2008, un mes y medio después del comienzo de su gestión, el por entonces ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga (PD) anunció un cambio de metodología en la medición de la inseguridad, que sería a través de un sistema único que agrupe distintas fuentes receptoras de denuncias de delitos. Desde ese momento, el Ejecutivo dejaba de publicar estadísticas delictuales y sólo lo haría el Poder Judicial.

Después de muchos rodeos, el 14 de diciembre de 2010, la Legislatura aprobó el Registro Único de Delitos, un proyecto para medir hechos delictivos, que fue impulsado por el diputado Daniel Cassia (PJ Federal). "La idea es que el Ministerio de Seguridad cuantifique los tipos penales y se ingresen a la web en forma directa", explicó el legislador a este diario. Sin embargo, "todavía no fue puesto en práctica", se quejó el legislador. Se trata de la ley 8.232.

¿La Provincia no quiere medir cuántos delitos se cometen? Consultado el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, negó esa situación. "No hay intención de no publicar delitos. Estamos trabajando en la reglamentación de la ley. La aplicación se frenó porque quien esté encargado de este registro debe ser elegido por concurso".

Los tiempos que se manejan para la aplicación de esta método son inciertos. "Vamos a reglamentar la norma este año y haremos el llamado a concurso, pero todo eso tiene que ver con una cuestión presupuestaria. Aún no sé cuándo se pondrá en marcha", aseguró el ministro.

La imagen

Otro cambio significativo que se dio desde la gestión de Jaque es en la publicación de los trabajos de opinión pública que hace el Sistema Público de Evaluación de la Calidad (Sipec). Se trata de una oficina que depende directamente del Gobernador y que mide la imagen de la gestión y hace sondeos de opinión sobre distintas temáticas.

Desde fines de 2007, Susana Bistué es la encargada de ese organismo. Pero, tanto el gobierno anterior como el de Pérez, han decidido no hacer públicos sus trabajos. El rumor que corría en épocas de Jaque era que las encuestas le "daban mal a la gestión" por eso no se mostraban. Un funcionario de peso del actual Gobierno, quien pidió reserva de su nombre, ofreció otra mirada sobre el tema. "Nosotros no estamos pendientes de las encuestas del Sipec, no consultamos permanentemente, las pedimos para temas estrictos de gestión", aseveró.

Un hombre que conoce el funcionamiento del organismo por dentro es Alberto Isuani, quien estuvo a cargo del Sipec durante 8 años, ya que fue el encargado de las encuestas oficiales de los gobernadores radicales Roberto Iglesias (1999-2003) y Cobos (2003-2007). "Al Gobierno no le gusta dar malas noticias. Se entiende que no se quieran mostrar porque en realidad son trabajos que se hacen para medir la calidad de gestión y encuestas sobre imagen de dirigentes", contó Isuani. "En nuestro caso, la información se publicaba si nos autorizaba el Gobernador", aseveró Isuani.