La decisión y los fundamentos de la institución de acudir a esa instancia, en favor de 52 comunidades de cinco etnias diferentes, fueron publicados por El Tribuno en la edición del 12 de septiembre de 2011.

“Hemos recibido las denuncias y se han mantenido reuniones en la Cancillería con la comisión tripartita que maneja la cuenca (del río Pilcomayo). Se ha solicitado la información pertinente y estamos a la espera. Intervenimos en la cuestión y conocemos acabadamente la problemática”, dijo ayer a este diario.

Sella participó en una reunión de la que tomaron parte defensores del pueblo de provincias. En el Centro Cívico Municipal debatieron sobre violencia familiar.

Cuando el funcionario habla de la cuenca, hace mención a los daños que el denominado Proyecto Pantalón está provocando a esas comunidades salteñas, ya que por una serie de obras que la Nación no hizo, el cauce del lado argentino quedó seco a la altura de Formosa y miles de peces murieron. Las aguas van sólo hacia Paraguay y los pescadores del Chaco Salteño, en consecuencia, no sacaron nada este año.

En cuanto a la medida cautelar de la Corte de Justicia que afecta a las comunidades aborígenes de Salta al no permitirles extraer madera, dijo que “ya en 2007 la Defensoría hizo público un informe relacionado con la problemática forestal; luego salió la ley de bosques y una medida cautelar de la Corte. En este momento estamos en un punto de inflexión en el cual quedó claro que cualquier emprendimiento debe contar con la participación de las comunidades. Pero pueden seguir extrayendo madera para su sustento”.

El caso de las antenas

Las denuncias presentadas por el daño a la salud que supuestamente provocan las antenas de telefonía celular, el titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación aseguró que no hay casos demostrados de antenas que estén superando las emisiones permitidas y que hay recomendaciones respecto de que el monitoreo sea permanente.