Así lo informó el prosecretario legislativo del Senado bonaerense, Diego Garciarena, que dijo que las disertaciones consultivas arrancarán hoy en San Martín. Se espera que hacia mediados de año, la iniciativa pueda ser tratada en la cámara
Con la misma fórmula con la que Gabriel Mariotto, actual vicegobernador de la Provincia, pero antes referente de los órganos de aplicación de las leyes comunicacionales, ganó legitimidad federal ante la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el prosecretario legislativo del Senado bonaerense, Diego Garciarena, montó un sistema de consulta para intercambiar opiniones sobre la creación de la policía de investigaciones penales.
La convocatoria, que este miércoles se iniciará en San Martín en la Universidad pública de ese distrito, desembarcará en Mar del Plata hacia mediados de abril, según confió a El Atlántico el exconcejal oficialista.
“Todavía no definimos un lugar, pero seguramente vaya a realizarse en el aula magna de la Facultad de Derecho”, adelantó Garciarena, que hoy estará presente en el lanzamiento de este primer foro provincial.
Según dijo, el llamado al debate es abierto, es gratuito y no sólo alcanza a los ciudadanos individuales, sino también a las organizaciones civiles y profesionales que crean que su opinión, sobre el proyecto de policía judicial, debe de ser escuchado en el auditorio.
Hasta donde se sabe, las ponencias no se extenderían por más de cinco minutos y el proceso en su conjunto no demandaría más de dos o tres meses. “Queremos consultar, pero no queremos que los foros retracen la aprobación. Este proyecto tiene que salir antes de que termine el año”, deslizó.
“Nuestra intención -dijo seguido- es que este espacio sea similar al que se montó cuando la ley de servicios de comunicación audiovisual”, comparó Garciarena, que aseguró que la metodología consultiva fue insistentemente solicitada por el propio Mariotto. “Él sabe lo positiva que es”, justificó su compañero de militancia.
Para el ex concejal del bloque “Frente Popular y Nacional”, la iniciativa elevada al Congreso, que no hace más que dar cumplimiento a un artículo de la Constitución provincial que establece la creación de este cuerpo de investigación judicial, “tiene un amplio nivel de consenso entre los habitantes de la Provincia”.
“En líneas generales, todos coinciden en que es pertinente separar a la Policía Bonaerense de la investigación y colocar en su lugar a personal civil especializado”, sostuvo Garciarena, que recordó que este órgano profesional estaría comandado por la Procuración General de la Provincia, y en territorio por los propios operadores judiciales. “La policía convencionales no tendrá injerencia alguna”, ratificó.
Por último, recordó que esta agrupación de efectivos especiales se abocará, entre otras cosas, a los homicidios dolosos, a las investigaciones de bandas organizadas y a las irregularidades o delitos cometidos por funcionarios públicos o policías. “La idea es que haya independencia para analizar los hechos y evitar los vicios que ya todos conocemos”, disparó Garciarena.
Por último, y sobre los plazos de aprobación y vigencia de esta futura norma, el prosecretario legislativo del Senado expresó: “Nuestro objetivo es que hacia mitad de año podamos elevar los resultados de los foros al tratamiento en el Congreso. Y esperamos, porque para eso estamos trabajando, que antes de fin de año podamos tener aprobada nuestra policía judicial”. Inmediatamente después, iniciará -como dijo- el proceso de selección del personal, y sus respectivas capacitaciones.



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