En la jornada de hoy podría haber un principio de solución para las más de 1.200 familias que usurparon el barrio Pirayuí y permanecen allí hace más de dos semanas. Para el mediodía, los delegados de los okupas están invitados a escuchar las propuestas que presentará el mediador judicial con el objetivo de destrabar el conflicto.

Existen muchas expectativas por conocer las alternativas que ofrecerá Alejandro Bottini, designado por la Justicia para intervenir y resolver de manera pacífica la situación que generó mucha preocupación.

"No sabemos mucho, pero existen versiones de que los propietarios estarían dispuestos a vendernos los lotes", manifestó a EL LIBERTADOR Elizabeth, una de las mujeres del asentamiento.

Al parecer, los dueños de las tierras libres de dos de las inmobiliarias, Urbano y Guaraní, podrían poner a la venta los espacios que fueron ocupados.

"Nosotros estaríamos dispuestos a comprar, pero según el valor que ponen porque aquí hay muchas familias de muy bajos recursos", agregó.

Según se pudo saber, la mayoría de las familias podrían llegar a un trato con cuotas de entre 100 y 150 pesos, que es el monto que sus ingresos les permite volcar en un terreno.

No obstante, la reunión de hoy será clave y decisiva para el avance de esta problemática suscitada por el gran déficit habitacional.

PROBLEMA

Una de las mujeres del asentamiento explicó que existe un error en la información del número de familias del asentamiento, y que eso podría provocar una traba en la negociación.

"Según el censo oficial hay 500 familias, cuando en realidad somos más de 1.200 familias que permanecemos aquí", afirmó.

En este sentido temen que la alternativa que se presente hoy sólo contemple a un número menor de familias de las que existen.

"Una de las posturas que tenemos es que el beneficio tiene que ser para todos o para nadie", indicó, a lo que finalizó diciendo que todos merecen los mismos derechos a una vivienda digna.

"La amenaza policial es constante"

Una de las mujeres que permanece en el asentamiento del Pirayuí con su familia afirmó que "la amenaza de la policía es constante".

"No nos dan respiro, todo el tiempo entran a nuestras viviendas con la excusa de control y nos revisan y nos maltratan verbalmente", sostuvo.

La vecina indicó que "la jueza se comprometió a que no habría un desalojo compulsivo y lo cumplió. Pero la presión que tenemos de la policía no cede"