Minutos antes de la medianoche el proyecto del diputado radical Luis Petri, que crea en Mendoza un Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, haciendo más rígida la legislación para que los presos condenados accedan a salidas transitorias, fue aprobado en general. En tanto, el tratamiento en particular quedará a consideración para después del receso invernal que se inicia hoy.

La votación fue de 42 legisladores a favor, y 3 en contra, Marina Femenía, Lucas Ilardo y Néstor Piedrafita.

Luego de una extensísima jornada, en la que expusieron funcionarios del Ejecutivo y del Poder Judicial, especialistas en derecho penal y familiares de víctimas de delitos, el cuarto intermedio se retomó cerca de las 21.30, y el acuerdo político-legislativo garantizó que la iniciativa de Petri no se cayera y obtuviera una media sanción.

Pero, si bien los radicales, junto a los demócratas y otros legisladores como Daniel Cassia –quienes acompañan desde un inicio la idea de hacer más severa la posibilidad de que condenados a delitos graves accedan como hasta hoy a salidas transitorias– contaban con los votos para imponerse en el recinto, este proyecto no logró el consenso necesario para llegar fortalecido a Senadores.

Es más, el tratamiento en particular de los 273 artículos que contiene el Código de Ejecución de la Pena, será muy trabado, luego de haber recibido muchos cuestionamientos que hasta el mismo autor del proyecto admite que tendrá en cuenta para lograr una ley que tenga la mayor cantidad de adhesiones.

El oficialismo fue quien quedó en la situación más incomoda, luego de que no votaran con unanimidad debido no sólo a los cuestionamientos técnicos, sino también por la dificultad de tener una conducción política sólida.

Las conversaciones que mantuvieron el miércoles el vicegobernador, Carlos Ciurca, con el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, parece que lograron imponerse a las opiniones en contra del proyecto que surgieron de funcionarios del Ejecutivo como la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, la de Derechos Humanos, María José Ubaldini, y el director del Servicio Penitenciario provincial, Sebastián Sarmiento.

El radicalismo había advertido que pretendía consensuar al máximo posible esta iniciativa, pero que si se veían en la obligación iban a forzar la votación, sabiendo que contaban con los votos necesarios y que el efecto que querían reflejar en la comunidad les es a favor.

En este punto el oficialismo quedó embretado, no podían dejarle todo el rédito a radicales, demócratas y peronistas disidentes, de cara a los reclamos de la sociedad de hacer leyes más duras para la delincuencia.

Durante la jornada, varios diputados del Frente para la Victoria pasaron de no avalar el proyecto, a hacerlo. Y el cambio de opinión no se debió a las particularidades de las opiniones técnicas que fueron recogiendo, fue más bien por presiones políticas provenientes del Ejecutivo, de sus jefes territoriales, y a la vez, de cómo recibirá la gente esta iniciativa.