De todos modos la causa está frenada. La Fiscalía de Estado presentó un pedido de nulidad, lo que paraliza el expediente hasta que esto se resuelva. Es decir que por ahora, el estudio de impacto ambiental y la modificación de uso del lugar (previsto en el Código Urbanístico de Santa Rosa), argumentos para otorgar el primer 'no innovar', no serán exigidos por ahora debido al pedido de nulidad.

De esta manera, el gobierno provincial no puede iniciar la construcción del centro cultural Medasur. El gobernador Oscar Jorge en el discurso inaugural apuntó a la jueza y a la decisión de suspender la obra diciendo que las obras públicas sólo podìan frenarse en casos excepcionales.

El rechazo de los vecinos, alumnos y organizaciones sociales a la construcción de Medasur surgió cuando la empresa constructora Ilka instaló las chapas para cercar el parque, la zona de la obra. Los alumnos del colegio General Belgrano (usuarios del parque) y los vecinos se movilización el 25 de noviembre para pedir que el centro cultural se construya en otro terreno de la capital pampeana.

La obra se frenó, por la magnitud de la movilización. En pocos días, los alumnos y los vecinos juntaron unas 6.000 firmas. Pero el gobernador Oscar Jorge no lo atendió y redobló la apuesta: dijo que haría la obra porque ganó las elecciones un mes antes.

Los vecinos siguieron movilizados. Y presentaron un amparo, que firmaron 10 personas, entre ellos directivos y profesores del colegio Belgrano, padres de alumnos, y vecinos de las cercanías y de otras barrios de Santa Rosa.

Le pidieron una audiencia pública al intendente Francisco Torroba. La fijó para el 22 de diciembre. A poco de asumir, el intendente Luis Larrañaga se puso contra el pedido de los vecinos y a favor de la construcción de Medasur. Y anuló la realización de la audiencia pública.

Primero la jueza Susana Fernández -cuyo juzgado salió sorteado para tratar la causa- rechazó el amparo. Consideró que lo que los amparistas pedían en ese amparo era idéntico a lo que se pedían en el fondo de la cuestión: es decir el traslado de la obra y la restitución del parque.

Pero posteriormente, los vecinos pidieron un ‘no innovar’ y que se frene la obra. La jueza accedió, aunque la decisión se conoció el 19 de diciembre de 2011 cuando la empresa Ilka metió en el Parque Caídos en Malvinas sus máquinas y trabajadores reanudando la obra. Ese día una vecina, María Mársico se cruzó ante las máquinas frenando las tareas del derribo de los árboles y del traslado de los juegos. Decenas de alumnos y vecinos llegaron al lugar para respaldar el reclamo.

Al decretar el “no innovar” la jueza Fernández accedió a dos planteos de los vecinos que dijeron que el Gobierno provincial no realizó un estudio de impacto ambiental como lo pide la ley 1914 (Ley Ambiental Provincial) y que no se cumplió con la Ordenanza de cambio de uso del espacio verde Parque Caídos en Malvinas, como lo prevé el Código Urbanístico.

Durante la feria judicial la Fiscalía de Estado no dejó quieta la causa. A través de un ‘per saltum’ pidió la incompetencia del juzgado de la jueza Susana Fernández. Planteó que el incumplimiento del estudio de impacto ambiental se trataba un tema “contensioso administrativo” y por lo tanto era un litigio que debía ser tratado por el Superior Tribunal de Justicia.

Ese planteó fue rechazado primero por el dictamen del Procurador subrogante, Eduardo Aguirre (se pronunció en nombre del ministerio público) y después por los ministros Víctor Menéndez y Eduardo Fernández Mendía. En un pronunciamiento dijeron que la controversia esa de derecho ambiental y que el amparo era la vía jurídica precisa para el reclamo de los vecinos.

La Fiscalía de Estado a cargo de José Vanini insistió con el planteo de incompetencia del juzgado civil y el rechazo del amparo. Además pidió la nulidad de la causa.

Al mismo tiempo, el intendente Luis Larrañaga recibió a los vecinos a mediados de febrero. Allí Larrañaga y sus funcionarios salieron con una curiosa postura: que el Parque Caídos en Malvinas no era un espacio verde. “Es un espacio marrón”, dijo, irrespetuosamente el intendente. Dijeron que por catastro, no era un espacio verde.

El gobernador Oscar Jorge reiteró esta postura el pasado 1 de marzo en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Dedicó al tema Medasur unos doce minutos, en un discurso de una hora. Dijo que los terrenos fueron expropiados en el años 1954 para la construcción del Centro Cívico y su sede administrativa, que eso no era un espacio verde y que había juegos pero que “no podía reconocer” que era un parque por temor a un juicio de los herederos del expropiado.

Pero en la semana se conoció una patinada de la Fiscalía de Estado. Hace unas semanas, el abogado Sergio Sánchez Alustiza -quien patrocina a los amparistas- advirtió que la propia fiscalía presentó una lista de los espacios verdes de la ciudad de Santa Rosa en la que se incluye el espacio verde de Corrientes y Belgrano. Ese espacio verde aparece en Villa Navarro Sarmiento y Villa Amalia: los vecinos presumen que el fiscal Vanini y las propias autoridades provinciales y municipales leyeron mal el documento al no aparece al Parque Caídos en Malvinas en los barrios de Villa Alonso o en el Centro.