En la prórroga de 90 días de la suspensión de la obra de Medasur, la jueza Susana Fernández rechazó un pedido de los amparistas para multar al Estado provincial por la afectación del Parque Caídos en Malvinas y además dejó para el final una de las pruebas solicitadas en la primera prórroga: el estudio de impacto ambiental, como un procedimiento que deberá dirimirse en la sentencia de la causa.

La nueva prórroga de los 90 días, que suspende la obra, tuvo algunos matices en relación a la primera. Esas diferencias están determinadas por lo que sucedió en la causa, entre ellas que la Fiscalía de Estado contestó la demanda que efectuaron los amparistas.

La jueza Fernández decidió la prórroga ante “la posible ocurrencia de un daño grave e irreparable a los derechos comprometidos en el litigio, a fin de evitar la producción de perjuicios inminentes y resultando aplicable al sub-lite el principio precautorio que consagra el artículo 4º de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), considerando la invariabilidad de las circunstancias de hecho que motivaron su dictado, prorrógase la vigencia de la medida cautelar de no innovar decretada por el término de 90 días corridos, los que comenzarán a contarse a partir de su vencimiento”.

Además, “atento a que en la resolución de fecha 16/12/2011 se ordenó ’acreditar’ la satisfacción de los procedimientos que allí se mencionan (fs. 175), y que de los términos de la contestación de demanda (fs. 220/264) devino sobreviniente que lo allí requerido formará parte de las cuestiones a dirimir al momento de sentenciar, a la solicitud de aplicación de astreintes: no ha lugar”, decidió la magistrada.

Los procedimientos a que se refiere esto último es el estudio de impacto ambiental. Es decir que esto (la realización del EIA) será parte de la decisión final de la jueza.

Además, Fernández rechazó un pedido de los amparistas para que se aplique una multa diaria al Estado provincial, que desafectó el uso del Parque Caídos en Malvinas sin hacer el EIA y sin sancionar un cambio de uso, además de no presentar plano en el inicio del conflicto. La jueza no hizo lugar a ese pedido de multa.

La causa, en rigor, está paralizada por la presentación de un pedido de nulidad que deberá resolverse preliminarmente. Por otro lado, como ocurre en toda causa con dos partes en conflicto, desde el Juzgado Civil 1 a cargo de Susana Fernández instaron a las partes al diálogo.

El rechazo de los vecinos, alumnos y organizaciones sociales a la construcción de Medasur surgió cuando la empresa constructora Ilka instaló las chapas para cercar el parque, la zona de la obra. Los alumnos del Colegio General Belgrano (usuarios del parque) y los vecinos se movilizaron el 25 de noviembre para pedir que el centro cultural se construya en otro terreno de la capital pampeana.

La obra se frenó por la magnitud de la movilización. En pocos días, los alumnos y los vecinos juntaron unas 6.000 firmas. Pero el gobernador Oscar Jorge no los atendió y redobló la apuesta: dijo que haría la obra porque ganó las elecciones un mes antes.

Los vecinos siguieron movilizados. Y presentaron un amparo que firmaron diez personas, entre ellas directivos y profesores del Colegio Belgrano, padres de alumnos y vecinos de las cercanías y de otros barrios de Santa Rosa.

Primero, la jueza Susana Fernández -cuyo juzgado salió sorteado para tratar la causa- rechazó el amparo. Consideró que lo que los amparistas pedían era idéntico a lo que se solicitaba en el fondo de la cuestión: es decir, el traslado de la obra y la restitución del parque.

Pero posteriormente los vecinos pidieron un “no innovar” y que se frene la obra. La jueza accedió, aunque la decisión se conoció el 19 de diciembre de 2011, cuando la empresa Ilka metió en el Parque Caídos en Malvinas sus máquinas y trabajadores reanudando la obra.

Durante la feria judicial, la Fiscalía de Estado no dejó quieta la causa. A través de un “per saltum” pidió la incompetencia del juzgado de la jueza Susana Fernández. Planteó que el incumplimiento del estudio de impacto ambiental se trataba de un tema “contencioso administrativo” y por lo tanto era un litigio que debía ser tratado por el Superior Tribunal de Justicia.

Ese planteo fue rechazado, primero por el dictamen del procurador subrogante, Eduardo Aguirre (se pronunció en nombre del Ministerio Público), y después por los ministros Víctor Menéndez y Eduardo Fernández Mendía.

La Fiscalía de Estado, a cargo de José Vanini, insistió con el planteo de incompetencia del juzgado civil y el rechazo del amparo. Además, pidió la nulidad de la causa. Ahora, una vez vencida la primera prórroga, la jueza otorgó otra por 90 días que implica la paralización de la obra.