La magistrada hizo lugar el 19 de diciembre pasado a una medida cautelar y suspendió por 90 días la obra en el marco del amparo presentado por el grupo de vecinos y la comisión vecinal de Villa Alonso.

La jueza ordenó que el Gobierno Provincial cumpla con el estudio de impacto ambiental de la obra y las ordenanzas municipales. Cumplido el plazo, en marzo, y aportadas las pruebas por las partes, se deberá resolver la cuestión de fondo.

Ahora, mientras los vecinos esperaban la convocatoria a una audiencia de conciliación en el marco de la causa, se encontraron con la novedad. También pudieron conocer que la misma jueza Fernández elevó la causa al Superior Tribunal de Justicia

“Lo que nos llama la atención es que el expediente habría ido hoy mismo (por ayer) al STJ para que resuelva sobre la competencia...creemos que se ha planteado alguna cuestión que nosotros por ahora desconocemos”, dijo uno de los integrantes de “Salvemos al Parque”.

Por eso, los vecinos, a través de su representante legal -Sergio Sánchez Alustiza- presentarán un recurso contra la resolución que elevó la causa al máximo órgano tribunalicio de la provincia. “Creemos que primero nos deberían haber notificado”, argumentaron.

De todos modos, los vecinos no esperan ninguna resolución inmediata del Superior Tribunal de Justicia. “Sabemos que el único de los ministros que está es Fernández Mendía porque el resto están todos de licencia...y Fernández Mendía solo no puede resolver nada”, destacaron.

Resolución

Los integrantes de “Salvemos al Parque” accedieron ayer a una resolución del Fiscal General a cargo de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, Guillermo Sancho, donde se expide sobre la procedencia del amparo presentado. El escrito está fechado el pasado 30 de diciembre a las 12:00, media hora antes de que se iniciara la feria judicial.

En esa resolución, Sancho no solo ratificó la competencia de la jueza sino que también avaló la aplicación de la Ley 1914 y concluyó que el Estado no cumplió con la realización de estudio de impacto ambiental.

Los vecinos intentaron acceder ayer a los argumentos por los cuales la jueza elevó la causa para que se resuelva sobre su competencia. Pero en el STJ les dijeron que todo había sido enviado al Ministerio Público Fiscal. “Digamos que este preocedimiento es normal...es lógico que ante este tipo de situaciones se siga ese procedimiento, pero lo que no tenemos que perder de vista es que ya hay una resolución del Ministerio Público fiscal sobre el tema y esperemos que no se cambie”, destacó el mismo vecino que habló con este diario.