Médicos y Gobierno buscan acercar posiciones

Según consideró Adriana Bueno, secretaria general del Sitas, la clave para la resolución del conflicto se encuentra en la carrera sanitaria. Los ministros Yedlin (Salud) y Jiménez (Economía) recibirán una comitiva de al menos seis dirigentes del flamante gremio
Tras 127 días de paro en los hospitales y una docena de marchas, finalmente sonaron los teléfonos. El sexto intento de pedido de audiencia de los trabajadores autoconvocados de la salud en el Poder Ejecutivo derivó en que se fije fecha y hora para la ansiada cita. El subsecretario de Salud, Sergio Epstein, fue el encargado de comunicarles a Adriana Bueno y a Julián Nassif -secretarios general y adjunto, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas)- que deben presentarse a las 12 de hoy en Casa de Gobierno.

Los empleados del Siprosa serán recibidos por los ministros de Salud, Pablo Yedlin, y de Economía, Jorge Jiménez. En principio, la delegación de empleados del Siprosa se completaría con Mónica Bulacio (secretaria Gremial), Francisca Cruz (secretaria de Relaciones Sociales), Jorge Sadir (secretario de Asuntos Legales) y Jorge Ramacciotti (tribunal revisión de cuentas).

Si bien Yedlin no quiso hacer declaraciones previas, desde el Siprosa se detalló que en la reunión se consensuará una agenda de trabajo con miras a próximos encuentros.

"En la presentación que hicimos requerimos una reunión con el gobernador, José Alperovich, o con funcionarios que tengan poder de decisión. La nota dice que es para sentar las bases del inicio del fin del conflicto", detalló Bueno. La titular gremial remarcó que esperan abordar no tan sólo la cuestión salarial sino todos los temas relacionados con la problemática de la salud.

"El acuerdo salarial que rechazamos es lo que nos llevó a la calle. Esperamos encontrar ahora la llave para resolver el conflicto, que consideramos está en la carrera sanitaria y en las urgentes modificaciones que deben darse", auguró.

Mañana de protestas

En los hospitales de la capital, la mañana fue testigo de diversas manifestaciones. Tras las órdenes judiciales dirigidas a la Policía, para que se abran las puertas, algunos ingresos permanecieron cerrados.

En el Padilla, los trabajadores repudiaron la presencia policial y el operativo se retiró antes del mediodía. Los autoconvocados salieron a la calle Alberdi, y con bombos y pancartas expresaron su indignación.

"La Policía estuvo desde la mañana de ayer (por el lunes). No somos delincuentes, somos trabajadores y no tenemos ninguna causa pendiente en la Justicia, como sí tienen muchos funcionarios. Nos preocupa la celeridad de la Justicia para mandar policías a los hospitales, pero la falta de rapidez para detener a los patoteros que atacaron a los trabajadores el 9 de Julio", repudió el delegado Jorge Ramacciotti.

Mientras, en el hospital de Niños, las puertas permanecieron cerradas, pese a que los empleados del Siprosa no se opusieron a que se abrieran.

"En asamblea optamos por dejar que los agentes hagan lo que tenga que hacer y que se hagan cargo de la orden", expresó el médico Guillermo Ramacciotti.

Los autoconvocados volvieron a rechazar que haya uniformados en los pasillos de ese hospital. "La presencia policial no es condicionante de las medidas de fuerza", advirtió Julián Nassif, representante del sector.

Por otro lado, en el Centro de Salud se mantuvieron las carpas, en diversas áreas del edificio. Los trabajadores ratificaron su postura, respecto de la presencia policial: mientras siga en el hospital continuarán con los actos de repudio. Además, de a poco comienzan a volver a estampar en todas las paredes sus consignas de lucha. Los carteles y escritos con aerosol habían sido limpiados durante el fin de semana.

La enfermera universitaria Margarita Abregú cumplió otra jornada encadenada a la puerta de la administración.

Madre de dos hijos, denuncia que fue discriminada en la Casa de Gobierno por pertenecer a los autoconvocados. La joven sufre una enfermedad que le afecta la vista, y requería en la sede del Poder Ejecutivo una ayuda social para someterse a un tratamiento experimental. Afirmó que su magro salario apenas le permite mantenerse y que, además, debe pagar un alquiler porque no cuenta con una vivienda propia.

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