El Tribunal de Contralor concluyó con la investigación sobre los gastos de la Defensoría del Pueblo y emitió una sentencia en la que concluyó que hubo manejos por fuera de la normativa que arrojaron una deuda de 20 mil pesos, luego de la realización del 1º Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en el mes de marzo de este año.

Según se indicó, analizaron dos puntos: los fondos requeridos para el plenario y la falta de presupuesto y partidas para el gasto. La presidenta del organismo de contralor, Daniela Nuñez, informó a Radio Seis que en el encuentro se utilizaron fondos públicos.

"Hay una sospecha de ilegitimidad en los gastos. Al respecto Mazzaglia adujo que es un ente autárquico y que los fondos utilizados no fueron públicos pero analizando la situación y la prueba, se vio que parte de los gastos fueron con fondos públicos de la Defensoría, y el resto con aportes del propio Mazzaglia y otras personas", indicó y aclaró que "autarquía no significa autonomía". "Es un ente público creado por una norma del Estado que da cierta libertad de acción pero bajo la normativa estatal", añadió.

Al respecto, especificó que existe una deuda de 20 mil pesos "que nadie saldó" por lo que "él debe devolver al fisco los 20 mil pesos". "Hay una violación a la ordenanza que dice que tiene que existir un presupuesto que establece los gastos y la forma de cubrirlos", subrayó.

Hubo pagos con cheques públicos que no quedaron registrados en las resoluciones. "Sobre eso dijo que en ese momento no contaba con el personal para hacer las resoluciones. El argumento no resiste un análisis mayor, no tiene fuerza", añadió Nuñez.

Finalmente, comentó que Mazzaglia se presentó este miércoles en el Tribunal y manifestó que "hay cosas con las que no está de acuerdo" por lo que presentará un "recurso de revisión administrativa". Para eso tiene un límite de 10 días.